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El Ministerio de Economía aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) presentada por Fértil Pampa SAU para el proyecto denominado "Fertilizantes", que contempla la construcción de plantas de urea y amoníaco en el Puerto de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
La medida se instrumentó mediante la **Resolución 1468/2026** (RESOL-2026-1468-APN-MEC), firmada el 3 de septiembre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre. El proyecto fue encuadrado en el sector "Petróleo y Gas", subsector "Petroquímica y Fertilizantes", y calificado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
La iniciativa consiste en la construcción, operación y gerenciamiento de dos plantas gemelas de urea, con capacidad de 3.000 toneladas por día cada una y sus correspondientes unidades de granulación, más una planta de amoníaco de 3.450 toneladas diarias, que producirá el dióxido de carbono y el amoníaco requeridos como materia prima.
El complejo se completará con unidades auxiliares de agua de enfriamiento, desmineralización de agua, compresión de gas, generación de vapor y producción de nitrógeno, junto con las instalaciones de almacenamiento y despacho de urea y amoníaco.
El proyecto abarca una extensión aproximada de 80 hectáreas en el ámbito de actuación del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Según consigna la resolución, su localización responde a la proximidad al puerto de aguas profundas, que facilita las operaciones de exportación, y a la conexión con los gasoductos que permiten el abastecimiento de gas proveniente de Vaca Muerta, insumo principal del proceso.
La empresa declaró una inversión total en activos computables de US$ 2.693 millones al concluir el proyecto, previsto para fines de 2029.
El desembolso se estructura en dos etapas. La primera, entre el 17 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, corresponde a las actividades de ingeniería y procura de equipos, con US$ 1.105 millones. La segunda, entre el 1 de enero de 2028 y el 16 de diciembre de 2029, comprende el montaje de equipos, el comisionado y la puesta en marcha, con US$ 1.588 millones.
Durante los dos primeros años contados desde la notificación de la resolución, la empresa deberá acreditar inversiones por US$ 785 millones y US$ 881 millones respectivamente, un total de US$ 1.666 millones que supera el 20% del monto mínimo exigido por la normativa. La fecha límite para alcanzar la inversión mínima quedó fijada en el 1 de diciembre de 2029.

La contratación se estructuró bajo la modalidad de contrato EPC —ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha—, es decir llave en mano y por suma global, con un plazo estimado de ejecución de cuatro años.
Según informó la solicitante, se realizó una licitación competitiva internacional que exigía ofertas vinculantes bajo esa modalidad, un plazo de puesta en marcha no superior a 48 meses y la asociación de un contratista extranjero licenciatario de las tecnologías de amoníaco, urea y granulación con un contratista local. La oferta del consorcio Tecnimont-SACDE S.A. resultó la única válida recibida, y el contrato se suscribió el 17 de julio de 2026.
De acuerdo con el expediente, aproximadamente el 46% de la inversión total corresponde al componente off-shore —ingeniería, diseño y suministro de equipos provistos por tecnólogos internacionales como KBR, Topsoe, Thyssenkrupp, Saipem, Stamicarbon y Toyo—, que no cuenta con oferta local. El componente on-shore, en cambio, será contratado íntegramente a proveedores locales.
En relación con el Plan de Desarrollo de Proveedores Locales, la solicitante declaró que SACDE S.A. reviste el carácter de sociedad vinculada y pidió que su participación sea computada al amparo de la excepción prevista en la reglamentación, con el argumento de que se trata de la única empresa local capaz de satisfacer la demanda en las condiciones requeridas.
El proyecto fue presentado con el objetivo de posicionar a la Argentina como proveedor de largo plazo en los mercados globales de urea. Según consigna la resolución, las exportaciones argentinas de ese producto son actualmente casi nulas y el país presenta un déficit estructural importador de aproximadamente 1,3 millones de toneladas por año.
La fecha de adhesión al RIGI quedó establecida el 3 de agosto de 2026. La resolución aprobó además el listado de mercaderías que la empresa podrá importar con franquicia, aceptó el mecanismo de resolución de controversias mediante el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional e instruyó su inscripción en el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica a Largo Plazo.

