La pérdida de competitividad que atraviesa el sector pesquero dejó de ser una novedad para convertirse en una constante. Al incremento promedio del 300% del Derecho Único de Extracción (DUE) definido por el Consejo Federal Pesquero (CFP) se sumaron el atraso cambiario, la suba del combustible y los servicios, las retenciones y la restitución del impuesto a las Ganancias para el personal embarcado.
La crisis repercute con mayor intensidad en Mar del Plata, caracterizada por la cultura de procesamiento en tierra y por un puerto que aún concentra el 50% de los desembarques del país, con preponderancia de la merluza hubbsi. Las exportaciones desde el puerto cayeron un 80% interanual entre enero y septiembre, según estimaciones del Consorcio Portuario Regional.
El gasoil naval es el principal costo para hacerse del recurso. En lo que va del año acumula una suba del 80%. Un fresquero chico consume unos 15.000 litros por marea: con la tarifa financiada a 15 días, la más habitual, son cerca de $ 38 millones. Como el pescado entero se cobra a 30 o 45 días, se necesitan hasta tres mareas de combustible, unos $ 114 millones, para llegar a la fecha de cobro.
La energía eléctrica encarece los dos procesos típicos de la industria: congelar y cocinar. Según el seguimiento del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) sobre la tarifa de EDEA en media tensión, el aumento fue del 146% entre junio de 2024 y septiembre de 2026, casi el triple que el dólar.
En ese período, el dólar exportador pasó de casi $ 1.000 a $ 1.517, un 51,8% más, mientras la inflación acumulada fue del 97%, según el INDEC. La diferencia pesa en un sector que exporta el 90% de lo que produce, no forma precios y debe cubrir todos sus costos con la conversión a moneda nacional.
En la merluza que se procesa para Brasil, el margen se ubica en US$ 150 a 200 por tonelada, frente a los US$ 3.600 FOB que se paga el producto terminado. Para quienes compran el pescado entero y tercerizan el procesamiento y el congelado, un esquema frecuente en el sector, prácticamente se empata.
A eso se suman las barreras no arancelarias. Para exportar a Brasil, los controles de parásitos del Senasa se realizan desmenuzando los filetes y arrojan resultados negativos en el 30% a 50% de los análisis. Las demoras obligan a frenar la producción, alquilar frío en otros establecimientos y responder reclamos de los compradores.
La Provincia de Buenos Aires acumula 20 años sin Subsecretaría de Pesca, rango que sí tienen Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, y pierde terreno en el CFP, que ponderó por encima a los puertos del sur en el otorgamiento de nuevos permisos para calamar.
Al 6 de octubre quedaba disponible el 37% del stock sur y el 48% del stock norte de la Captura Máxima Permisible (CMP) de merluza hubbsi fijada para 2026. Si se alcanzara, podrían llegar a Mar del Plata unas 95.345 toneladas antes de fin de año: 45.700 toneladas de filet, cerca de 1.900 contenedores de exportación por unos US$ 165 millones. Para eso hacen falta incentivos para que la flota salga a buscar el recurso, como un subsidio temporal al combustible, la exención de tasas y menos burocracia.
Hay otras medidas posibles: jerarquizar la Pesca en la Provincia con funcionarios que conozcan la actividad; suspender las retenciones a la exportación pesquera, sobre todo para los productos elaborados en tierra, que explican la mayor parte del empleo; cumplir el plazo de 15 días hábiles que prevé ARCA para devolver el IVA, hoy con demoras de más de ocho meses, y abrir el crédito para comprar combustible y financiar producciones con las órdenes de compra como garantía.
La situación es severamente dura y compleja, no así imposible de resolver. La premisa debe ser "tanto MERCADO como sea posible y tanto ESTADO como sea necesario".
