El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dio por concluido el sumario administrativo sobre la participación del organismo en el proyecto SPRINT, iniciado en 2023, mediante la Resolución 366/2026, firmada el 26 de octubre. La resolución aplica sanciones a tres agentes, entre ellas la exoneración de la coordinadora del sitio argentino, Virginia Aparicio, y exime de responsabilidad a otros 11.
SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition) fue financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos. Su objetivo era desarrollar una herramienta de evaluación integrada de los riesgos de los productos fitosanitarios para los ecosistemas, las plantas, los animales y las personas. El INTA tenía a su cargo el sitio argentino, con sede en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce.
En 2023, el organismo suspendió las actividades del proyecto para analizar si los estudios con personas se ajustaban a sus incumbencias, y luego resolvió finalizar su participación en el acuerdo.
Según el Consejo Directivo, parte de las actividades se ejecutaron fuera del marco autorizado por el organismo. Además de la exoneración, la resolución aplica dos suspensiones, de 25 y 15 días, e instruye a comunicar lo actuado a la Oficina Anticorrupción.
La investigadora rechazó los cargos y planteó la nulidad del procedimiento, que el Consejo Directivo desestimó.
