El núcleo técnico de la regulación proyectada por la Subgerencia Ambiental radica en la implementación de un Sistema Polinómico de Puntuación de Incidencia Ambiental, diseñado como un mecanismo objetivo para categorizar de forma preliminar cada proyecto.
Este cálculo contempla variables operativas como la magnitud física de la obra, la localización y sensibilidad ecológica del entorno, la caracterización de los sedimentos a remover en tareas de dragado, las emisiones y los potenciales impactos acumulativos. En función del puntaje obtenido, la ANPyN emitirá una Disposición de Inicio determinando el instrumento de evaluación correspondiente:
- Incidencia baja: Se canaliza mediante un trámite simplificado que evita la exigencia de estudios complejos sin alterar la responsabilidad del titular ni las facultades de control estatal.
- Incidencia moderada: Contempla un procedimiento abreviado orientado a evaluar impactos específicos y presentar un plan de gestión proporcionado.
- Incidencia alta: Requiere el mecanismo ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental, exigiendo estudios de mayor profundidad técnica y la realización de instancias de participación pública.
Asimismo, la normativa contempla un régimen de transición para aquellas obras o actividades preexistentes que cuenten con autorizaciones o estudios ambientales vigentes aprobados con anterioridad. En esos casos, los titulares no estarán obligados a tramitar una nueva evaluación salvo que modifiquen sustancialmente la naturaleza o escala del proyecto. Sin embargo, deberán adecuar y actualizar su Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental (PMyGA) en un plazo máximo de 1 año, bajo el apercibimiento de que la falta de presentación impedirá renovar el Certificado de Aptitud Ambiental.
