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La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) advirtió sobre el impacto económico que provocaría una paralización de la actividad portuaria y reclamó la intervención de la autoridad laboral, ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) y la convocatoria del gremio a un paro general en los puertos y terminales del país.
Según la Cámara, desde el inicio de las paritarias —cuyo ciclo va de enero a diciembre— tomó como parámetro la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). La entidad señaló que en enero se acordó un incremento inicial del 13,7% y que luego presentó distintas propuestas mejoradoras.
De acuerdo con el comunicado, la oferta final de la CPPC incluye un aumento del 16% sobre los básicos de febrero a partir de los salarios de agosto, con lo que el ajuste acumulado anualizado (enero-diciembre de 2026) llegaría al 31,99%, por encima de la inflación anual proyectada por el Gobierno y los organismos técnicos, que la Cámara ubicó en 30,20%. La propuesta contempla además una asignación no remunerativa extraordinaria —equivalente a 359.095 pesos para la tercera categoría y proporcional para las restantes—, pagadera en dos cuotas a partir de agosto, y una cláusula de revisión para ajustar eventuales desvíos de la inflación real al iniciarse la paritaria 2027.
La Cámara sostuvo que URGARA se mantiene en la exigencia de cerrar el ciclo paritario con un incremento del 35,5%, cifra que, según la entidad, excede en más de cinco puntos porcentuales las proyecciones oficiales y representaría un anticipo injustificado de casi un trimestre de inflación estimada. La CPPC afirmó también haber aceptado la sugerencia de la autoridad de aplicación de abonar por separado los reajustes de mayo, junio y julio, propuesta que, según su versión, fue rechazada por el gremio.
La entidad advirtió que la medida de fuerza coloca a los puertos graneleros ante una posible paralización perjudicial para el comercio exterior, en un contexto en que la actividad busca recuperarse de recientes interrupciones logísticas en las vías navegables. En ese marco, señaló que la operatoria de los puertos privados constituye una actividad esencial conforme al artículo 24 de la Ley 25.877, modificada por la Ley 27.802, y solicitó formalmente a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano que encuadre el conflicto en el marco de la Ley 14.786 y ordene las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la operatoria portuaria.
Fuente: comunicado de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).
