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La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresa su profunda preocupación ante la falta de acatamiento por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) a los términos de la Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Disposición DI-2026-1035-APN-DNRYRT#MCH).
La CPPC presentó una denuncia formal ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Dra. Mara Mentoro, solicitando la urgente intervención de la autoridad de aplicación y la aplicación de las sanciones correspondientes por la ruptura de la paz social.
La situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca. En dicho complejo portuario, delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores.
Aunque la realización de horas extra es opcional por ley, en la operativa agroexportadora constituye una práctica habitual, continua e indispensable (enmarcada en el régimen 24x365 según el art. 24 del CCT 639/2011) que garantiza la fluidez del comercio exterior y refuerza de manera significativa el salario del trabajador. Asimismo, la negativa a cubrir vacantes o adscribir tareas momentáneas entre sectores desarticula la logística de recepción.
Como consecuencia directa de estas medidas encubiertas de fuerza, ya se registran más de 400 camiones varados y gravemente demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, generando un severo impacto en el transporte terrestre, el flujo agroindustrial y los compromisos de exportación de granos del país.
A pesar del esfuerzo del sector privado por resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, la entidad gremial ha optado por desatender la intimación oficial a prestar servicios en forma normal y habitual.
