
España prohibirá desde julio de 2027 las descargas de scrubbers en sus aguas
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El Consejo de Ministras y Ministros de España aprobó un Real Decreto, propuesto por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que prohíbe a partir del 1 de julio de 2027 las descargas de aguas procedentes de los sistemas de limpieza de gases de escape de buques, conocidos como scrubbers. La restricción alcanza a las aguas interiores marítimas, a las zonas de servicio de los puertos y a las zonas de fondeo y detención designadas por seguridad marítima en el mar territorial español, y se aplica a todos los buques civiles sin importar su pabellón.
Más allá de OSPAR
La norma da cumplimiento y va más allá de la Decisión OSPAR 2025/01, que exige prohibir las descargas de sistemas de modo abierto desde julio de 2027 y de todos los tipos de scrubbers recién en julio de 2029. España optó por una prohibición uniforme desde 2027 para sistemas abiertos, cerrados e híbridos, adelantando dos años esa exigencia y extendiéndola a aguas fuera del área OSPAR. El enfoque español se diferencia del adoptado por Dinamarca, Suecia y Finlandia, que vetaron las descargas de circuito abierto desde julio de 2025 y dejaron para 2029 la restricción sobre sistemas cerrados.
Sin obligación de retirar los equipos
La regulación no obliga a retirar ni sustituir los scrubbers instalados, sino a evitar que descarguen sus aguas en las zonas reguladas. Según el tipo de sistema, los buques podrán recurrir al uso temporal de combustibles con bajo contenido de azufre o retener a bordo las aguas de purga para entregarlas luego en instalaciones portuarias de recepción.
Marco común para los puertos
El Real Decreto reemplaza las restricciones locales que ya aplicaban distintos puertos españoles, entre ellos Algeciras, Almería, Barcelona, Cartagena, Huelva y Valencia, y establece un marco uniforme para todo el país. El Gobierno señaló que más de cuarenta Estados ya cuentan con restricciones locales sobre este tipo de descargas, y que la medida busca proteger el medio marino de contaminantes y de la acidificación, simplificar las inspecciones de las Capitanías Marítimas dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante y dar mayor seguridad jurídica a los operadores.
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