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Un reciente estudio realizado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), reveló que Argentina se encuentra en el tercer puesto entre los países más afectados por los efectos negativos de la pesca ilegal a nivel global mientras que ocupa el primer lugar en América Latina.
El presidente de FULASP, Raúl Cereseto, detalló que estos resultados son producto de una investigación llevada a cabo durante el primer semestre del año. La misma implicó el cruce de datos de un estudio interno, basado en informes de expertos en la materia, junto con informes de diversas organizaciones internacionales.
En este sentido, el informe describe que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo mientras que a nivel global las pérdidas se estiman en hasta USD 50 mil millones. Particularmente Argentina experimenta pérdidas anuales de hasta 3,500 millones de dólares, ubicándose en segundo lugar detrás de África, que pierde casi 12,000 millones de dólares en su conjunto, y por delante de Indonesia, donde se calcula que se roban 4,000 millones de dólares.
Y contemplando a nivel regional, el país encabeza el ranking de mayores pérdidas económicas en América Latina, registrando valores casi siete veces mayores que Perú (USD 500 millones) y unas doce veces más que Chile (USD 300 millones).
Asimismo detalla que aproximadamente el 60% de los buques involucrados en esta actividad ilegal son de origen asiático, principalmente de China, mientras que el 25% restante pertenece a embarcaciones de países de América Latina, África y Europa en proporciones similares.
Por otra parte, el documento advierte que los impactos negativos de esta actividad en la economía de los países son considerables. Particularmente para Argentina, que más allá de las pérdidas económicas, las empresas nacionales que exportan a los mismos destinos que los barcos ilegales pierden competitividad y los costos operativos resultan significativamente mayores.
Y del mismo modo resalta que esta actividad ilegal “pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”.
En línea con esto, Raúl Cereseto criticó que este conflicto fue transversal a todos los Gobiernos argentinos, y que sin embargo ninguno pudo abordar de manera firme esta situación. Y concluyó diciendo que “es vital que esta problemática sea incorporada en la agenda de temas urgentes de cara a la próxima gestión, sea cual fuere el resultado de las elecciones generales de octubre”.
