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Según publicó Pescare, el Consejo Federal Pesquero (CFP) rechazó el recurso presentado por Red Chamber Argentina S.A., que buscaba conocer qué porcentaje de cuota de merluza común corresponde a cada uno de sus buques actualmente incluidos en la denominada Provisión Administrativa.
Se trata de un conjunto de toneladas que, si bien forman parte del esquema de distribución de la especie para el período 2025-2039, todavía no fueron asignadas de manera individual a embarcaciones, en gran medida por la existencia de situaciones judiciales pendientes vinculadas al caso Alpesca en la provincia del Chubut.
La firma había solicitado que se determine el porcentaje de CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) correspondiente a los buques Cabo San Sebastián, Cabo Vírgenes, Cabo Buena Esperanza, Cabo Dos Bahías y los Promarsa I, II y III.
El planteo apuntaba a que, aun cuando la cuota no pueda asignarse formalmente, sí debería al menos establecerse cuánto le corresponde a cada barco. Según argumentó la empresa, no existe ninguna decisión judicial que impida esa determinación y su ausencia genera dificultades operativas y regulatorias. Además, cuestionó el esquema vigente al advertir que podría derivar en situaciones contrarias a la Ley Federal de Pesca, particularmente en relación con las transferencias temporales de cuota entre buques fresqueros y congeladores.
El CFP ya había respondido en el Acta CFP Nro. 5/2026 que no es posible detallar la Provisión Administrativa por buque, precisamente porque no se trata de cuotas asignadas sino de un volumen en reserva que será definido una vez resueltas las cuestiones pendientes.
Foto. Seafood Media
Ante la insistencia de Red Chamber, el organismo volvió a rechazar el planteo por la vía formal, señalando que el recurso, aunque presentado dentro de plazo, en realidad apunta a cuestionar la Resolución CFP Nro. 11/2024, que estableció el esquema de distribución de la merluza y fue publicada en diciembre de ese año. En ese sentido, consideró que el reclamo es extemporáneo y que no corresponde reabrir una instancia administrativa ya cerrada. También recordó que la empresa ya había impugnado anteriormente esa decisión sin éxito.
Respecto de la supuesta violación a la Ley 24.922, el Consejo indicó que los mecanismos de transferencia están claramente delimitados y no implican incumplimientos del marco normativo vigente.
El núcleo del conflicto radica en la falta de definición individual de las cuotas incluidas en la Provisión Administrativa, una herramienta transitoria pensada para dar respuesta a situaciones judicializadas, especialmente las vinculadas a la expropiación de la ex Alpesca en Chubut.
Red Chamber insiste en que esa indefinición no debería impedir establecer el porcentaje correspondiente a cada buque, mientras que el CFP sostiene que esa determinación forma parte de una decisión final que aún no puede adoptarse. La empresa dejó planteada la posibilidad de avanzar por la vía judicial, lo que anticipa que la discusión por la distribución de cuotas de merluza podría trasladarse fuera del ámbito administrativo.
Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Pescare
