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El plenario del Consejo Federal Pesquero (CFP) llevó a cabo su sesión ordinaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la conducción de su presidente, Juan Antonio López Cazorla, y con la asistencia de los representantes de las provincias con litoral marítimo y del Poder Ejecutivo Nacional. Durante el encuentro, instrumentado en el Acta CFP N° 18/2026, el organismo resolvió un extenso orden del día que abarcó desde asignaciones presupuestarias de captura por motivos de emergencia social hasta la evaluación biológica del desarrollo de las principales pesquerías del Mar Argentino.
En el primer tramo de la sesión, los miembros del Consejo evaluaron de forma unánime las solicitudes de abastecimiento complementario tramitadas por las administraciones pesqueras de Buenos Aires y Santa Cruz, amparadas en el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). Las presentaciones coincidieron en señalar la necesidad de recibir asignaciones de la Reserva Social jurisdiccional a los efectos de garantizar la continuidad de las operaciones de la flota fresquera, mitigar los problemas de suministro de insumos en tierra, mantener activas las plantas de molienda y fileteado, y sostener los puestos de trabajo ocupados en los respectivos distritos portuarios.
Para atender el máximo interés social determinado por la Provincia de Buenos Aires, el CFP autorizó el desembolso de 100 toneladas de merluza común para cada uno de los buques Sant'Antonio, San Jorge Mártir, Virgen María Inmaculada y San Pascual, sumando un bloque de 400 toneladas para el período anual 2026. En el caso de la Provincia de Santa Cruz, el Consejo convalidó la asignación de 1.000 toneladas para el buque Argentino, 200 toneladas para la embarcación María Rita y 200 toneladas para el Huafeng 817. Ambas partidas se descontarán de los porcentajes específicos asignados a cada provincia sobre la Captura Máxima Permisible de la especie para el año en curso.
La operatoria del langostino concentró la atención de los consejeros a partir de una serie de presentaciones elevadas por cámaras empresariales referidas al proceso de cuotificación de la especie. La representación de la Provincia de Buenos Aires manifestó formalmente su preocupación ante los reclamos del sector privado sobre la existencia de supuestas filtraciones informativas ajenas al Consejo que anticipaban cuotas corporativas, por lo que solicitó que cualquier debate técnico respecto a la conveniencia y viabilidad legal de cuotificar el recurso se sustancie de manera exclusiva en el seno de la autoridad pesquera nacional.
Por otra parte, el Consejo tomó conocimiento de los informes de observadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) correspondientes al período transcurrido entre fines de mayo y el 21 de junio de 2026. Las auditorías científicas reflejan que la temporada en aguas nacionales comenzó bajo condiciones biológicas y operativas favorables, caracterizadas por una amplia distribución espacial, rendimientos comerciales elevados y un claro predominio de las categorías comerciales de mayor porte y valor, tales como L1 y L2, registrándose incidencias de ejemplares juveniles prácticamente nulas o inferiores al 1% en las subáreas de mayor esfuerzo de pesca. El organismo de investigación reportó asimismo que la captura incidental de merluza (bycatch) se mantuvo en ratios ponderados semanales muy bajos, oscilando entre el 0,05 y 0,07, con un acumulado estimado de 2.700 toneladas.
El eje de mayor debate legal estuvo vinculado al calamar argentino (Illex argentinus) y a la Resolución CFP N° 6/2026, mediante la cual se aprobó la convocatoria a proyectos para incorporar entre 15 y 20 nuevos buques poteros a la matrícula nacional. El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) había interpuesto un pedido de suspensión de la medida argumentando la necesidad de aplicar un estricto principio precautorio stock por stock y garantizar el control de las pautas laborales. El INIDEP, no obstante, ratificó a través de un informe técnico la conveniencia estratégica de la expansión moderada de la flota argentina para capturar el recurso dentro de la Zona Económica Exclusiva antes de su migración natural hacia el área adyacente, donde operan más de 300 poteros extranjeros sin regulación alguna. Ante esto, el Consejo Federal Pesquero resolvió por mayoría rechazar el recurso del sindicato por falta de legitimación directa, al entender que la medida busca precisamente el fomento de la actividad y la creación de puestos de trabajo genuinos.
Las autoridades fijaron por unanimidad los parámetros comerciales para la captura de vieira patagónica de cara al segundo semestre del año 2026. Con el propósito de otorgar previsibilidad a las empresas armadoras, se estableció una Captura Máxima Permisible de carácter precautorio de 4.000 toneladas para la Unidad de Manejo D, 4.000 toneladas para la Unidad de Manejo E y 2.000 toneladas para el Área 1. Se dispuso simultáneamente la prórroga de las zonas de exclusión y veda biológica vigentes para resguardar las áreas de concentración de ejemplares juveniles detectadas por los observadores científicos a bordo.
