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El Parlamento Europeo resolvió paralizar el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que analice su compatibilidad con los tratados comunitarios. En términos prácticos, la decisión congela el avance del pacto hasta que la corte emita su dictamen, un proceso que, según estimaciones del propio tribunal, suele demorar entre 18 y 24 meses, de acuerdo con información publicada por Infobae.
La medida se adoptó apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, realizada el sábado 17 de enero en Paraguay, tras 26 años de negociaciones. Luego de la firma, se había activado el proceso de ratificación parlamentaria, con una estrategia jurídica impulsada por la Comisión Europea para acelerar la entrada en vigor de la parte estrictamente comercial, según detalla el medio español.
Tal como reconstruye Infobae, la Comisión Europea optó por dividir el tratado en dos instrumentos: por un lado, un acuerdo comercial interino, cuya ratificación requiere únicamente el consentimiento del Parlamento Europeo, ya que la política comercial es una competencia exclusiva de la UE; y por otro, un acuerdo de asociación completo, que incorpora disposiciones políticas y que necesita la aprobación de los 27 parlamentos nacionales. Este último entraría plenamente en vigor una vez finalizados todos los procesos de ratificación, reemplazando al acuerdo interino.
Según Infobae, el Parlamento Europeo paralizó el acuerdo UE-Mercosur y lo envió al TJUE, un proceso que podría demorar hasta dos años.
Sin embargo, la Eurocámara expresó dudas sobre si esta arquitectura jurídica respeta los tratados fundacionales de la Unión Europea. Este miércoles 21 de enero, el Parlamento dio luz verde a una moción que cuestiona la compatibilidad legal del acuerdo, aprobada con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Una segunda iniciativa similar, presentada por el bloque ultraderechista Patriotas por Europa, fue rechazada.
Con esta decisión, el TJUE deberá analizar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación (EMPA) como la del acuerdo comercial interino (ACI). Hasta tanto exista un dictamen, el Parlamento no someterá el acuerdo a votación en el pleno, aunque los eurodiputados podrán continuar examinando el contenido del texto.
Uno de los puntos más controvertidos es el mecanismo de reequilibrio, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normativas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Para varios legisladores, este instrumento podría entrar en colisión con la autonomía regulatoria de la UE. También se cuestionan los poderes de la Comisión Europea para fragmentar el acuerdo, una estrategia que, según los críticos, facilitó su firma al permitir que la parte comercial avance sin la aprobación de los parlamentos nacionales.
Pese a la paralización del proceso, la Comisión Europea aún podría avanzar con la aplicación provisional del capítulo comercial si al menos uno de los países del Mercosur completa su procedimiento de adopción interna. No obstante, cualquier intento en ese sentido generaría un debate dentro del bloque.
Redacción por dataPORTUARIA
