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Tal como publicó Más Energía, un fallo judicial encendió las alarmas en la industria minera argentina. El 16 de abril de 2026, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la paralización por 30 días del proyecto Vicuña —el mayor emprendimiento cuprífero del país, en manos de BHP y Lundin Mining— y dispuso la instalación de retenes policiales en suelo riojano para bloquear todo tránsito de maquinaria y vehículos vinculados a la operación.
La medida marca una escalada sin precedentes en el conflicto interprovincial que enfrenta a La Rioja con San Juan y pone en jaque el cronograma de construcción de uno de los proyectos extractivos más ambiciosos de la región, que tenía previsto iniciar la primera etapa en el primer trimestre de 2027 con foco en el yacimiento Josemaría y con US$ 800 millones presupuestados para 2026 en tareas de ingeniería.
Aunque el yacimiento se asienta en suelo sanjuanino, su ingreso histórico y operativo —desde hace más de 15 años— se realiza de manera exclusiva a través de la localidad riojana de Guandacol. Actualmente, más de 600 vehículos —entre camiones y camionetas— transitan por rutas provinciales riojanas como traza obligada para llegar al campamento denominado Batidero, sin que ese flujo se traduzca en compensaciones socioeconómicas para la zona y, según la posición riojana, sin los permisos ambientales exigidos por la legislación local.
Foto. Nuevo Mundo - Diario San Juan
Ante la jueza Decker, el gobierno de La Rioja expuso que la biodiversidad de toda una región estaba en peligro por la omisión de Vicuña de presentar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental ante las autoridades riojanas. La resolución judicial detalla que el tránsito "entraña riesgos ambientales como afectación de suelos, de cursos de agua, de infraestructura vial, o la eventual circulación de sustancias peligrosas, todos ellos bienes colectivos cuya tutela corresponde a esta jurisdicción".
El tramo en cuestión abarca 140 kilómetros que discurren por las localidades de Guandacol, Santa Elena, Zapallar, La Cuevas y La Ciénaga, en los departamentos General Lamadrid y Coronel Felipe Varela. Un argumento clave refuerza la posición riojana: Vicuña no incluyó en el Informe de Impacto Ambiental aprobado por San Juan los efectos sobre el glaciar El Potro, próximo al proyecto Josemaría, ni aceptó una evaluación conjunta entre autoridades de ambas provincias.
Detrás de la disputa ambiental existe una herida más antigua: la exclusión laboral. El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, fue categórico:
"Hace más de 15 años el acceso al proyecto es por La Rioja, por Guandacol. Se construyó desde ahí, se exploró desde ahí y hoy sigue ingresándose por ese lugar, con un movimiento de vehículos muy importante. Ese impacto tiene que ser compensado con empleo, desarrollo de proveedores y obras para los municipios aledaños".
El intendente de General Lamadrid, Luis Orqueda, lo expresó con dureza: "El proyecto pasa por nuestro territorio y usa nuestros caminos, pero nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. Hace más de 15 años que transitan por acá y venimos pidiendo trabajo para nuestra gente, pero fuimos postergados". En el momento del corte de acceso de marzo pasado, alrededor de 160 trabajadores riojanos se desempeñaban en el proyecto, una cifra que las autoridades locales califican de insuficiente para la magnitud del emprendimiento.
El conflicto tiene además un segundo frente vinculado a la energía. La Resolución N° 079/26 del ENRE otorgó al proyecto Vicuña la prioridad de acceso sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea eléctrica Nueva San Juan-Rodeo, operando en 500 kV, por los próximos 25 años. La medida desató la oposición formal de las empresas mineras Los Azules, Casposo y Hualilán, el EPRE sanjuanino y los municipios de Iglesia y Jáchal. La Rioja argumentó que "legalmente, no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo y excluyente sobre una obra que tiene naturaleza de bien público federal y que fue proyectada para la interconexión regional".
Ante ese escenario, San Juan y Vicuña avanzaron en un acuerdo que se presentaría en la audiencia pública convocada por el ENRE, prevista para fines de abril o los primeros días de mayo.
El gobierno riojano no descarta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el conflicto no encuentra resolución en instancias inferiores.
Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Mas Energia
