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El Gobierno nacional actualizó el régimen regulatorio para la autorización de organismos genéticamente modificados (OGM) destinados al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. La medida se formalizó a través de la Resolución 255/2026 del Ministerio de Economía, con el objetivo de modernizar el marco normativo y adecuarlo a los avances científicos y tecnológicos en biotecnología.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la nueva normativa simplifica procedimientos administrativos, incorpora criterios técnicos más precisos y reduce plazos y costos asociados a los procesos de evaluación. La resolución reemplaza el régimen establecido en 2011, que había definido los lineamientos regulatorios para las actividades que involucraban organismos genéticamente modificados.
La resolución establece un esquema actualizado para autorizar actividades vinculadas a OGM tanto en fases experimentales como comerciales. En este marco, todas las actividades que impliquen liberación de organismos genéticamente modificados al agroecosistema deberán contar con autorización previa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El proceso de evaluación contempla distintas instancias técnicas. Entre ellas se incluye el análisis de riesgo para el agroecosistema, la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal, y el estudio de los impactos en la producción y comercialización. Estas evaluaciones son realizadas por organismos especializados del sistema regulatorio nacional.
La evaluación de bioseguridad queda a cargo de la Coordinación de Innovación y Biotecnología junto con la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), mientras que el análisis de aptitud alimentaria corresponde al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El dictamen sobre impactos comerciales es realizado por la Dirección de Políticas de Mercados
De acuerdo con la normativa, los procesos de evaluación deberán cumplir plazos máximos establecidos. Por ejemplo, los análisis de bioseguridad y aptitud alimentaria tendrán un límite de 120 días hábiles desde el inicio de la evaluación, mientras que el dictamen sobre impactos comerciales deberá emitirse dentro de los 30 días posteriores a la finalización de las instancias técnicas correspondientes
El nuevo marco abarca organismos genéticamente modificados pertenecientes a especies de uso agropecuario, incluyendo actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras, así como aplicaciones agroalimentarias y agroindustriales.
La normativa también contempla la autorización de liberaciones experimentales en condiciones controladas y establece responsabilidades sobre el manejo, seguimiento y disposición final de los materiales utilizados en estas etapas de investigación.
Asimismo, prevé distintos tipos de autorizaciones comerciales según el uso declarado por los interesados. En algunos casos se podrá habilitar la comercialización para todo uso, mientras que en otros se otorgarán autorizaciones específicas vinculadas a determinados destinos productivos o industriales.
Argentina regula el desarrollo y uso de organismos genéticamente modificados desde 1991, con el objetivo de garantizar la seguridad en las etapas experimentales y de comercialización, así como la bioseguridad en el agroecosistema y la aptitud alimentaria para consumo humano y animal.
En este contexto, el avance de la biotecnología moderna amplió el uso de OGM hacia ámbitos agroalimentarios y agroindustriales, lo que contribuyó al incremento de la productividad y a la expansión de las exportaciones de materias primas y alimentos producidos en el país.
Desde 1996 hasta la actualidad se registraron 134 aprobaciones de productos genéticamente modificados por parte del Estado nacional. De ese total, 38 autorizaciones se concretaron durante la actual gestión, lo que representa cerca del 28% de todos los desarrollos autorizados comercialmente en los últimos 30 años.
La actualización normativa busca ordenar los procedimientos de evaluación según el tipo de organismo y el uso propuesto, manteniendo los controles de seguridad sobre el agroecosistema, la inocuidad alimentaria y la preservación de los mercados de exportación.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la modernización del sistema regulatorio apunta a acompañar la transformación tecnológica del sector agropecuario, promoviendo la innovación, la inversión y la generación de valor agregado en las cadenas productivas.
