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El Ministerio de Economía de la Nación formalizó la presentación de una iniciativa privada que propone la construcción de una nueva central nuclear en el territorio nacional con financiamiento provisto por capitales de los Estados Unidos. Según la información suministrada por el periodista Sebastián Catalano para el medio Infobae, el proyecto fue presentado de manera oficial ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, por parte del director ejecutivo de Meitner Energy Latam, Teófilo Lacroze, junto al director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la firma en el país, Pablo Franzetti. La propuesta contempla el emplazamiento de las obras en los terrenos del sitio Atucha, bajo la órbita de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, y por su volumen de inversión y perfil tecnológico se proyecta como un desarrollo admisible dentro de los parámetros del régimen Súper RIGI que se tramita en el Congreso.
La empresa impulsora de la obra, Meitner Energy, pertenece al holding internacional Ansari Group —corporación liderada por el magnate estadounidense Hamid Ansari— y cuenta con una participación accionaria del 40% por parte de la empresa tecnológica estatal argentina INVAP. El plan de trabajo contempla un desembolso estimado en 1.200 millones de dólares cubiertos en su totalidad con fondos del sector privado, estimándose la creación de alrededor de 2.000 empleos directos distribuidos a lo largo de las etapas de desarrollo, edificación, puesta en marcha y posterior operación de la planta. En términos técnicos, la obra consistirá en la instalación del modelo ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR) de Generación III+ con tecnología de agua a presión (PWR) y una potencia de 300 MWe, cuyo diseño preliminar fue concebido por ingenieros argentinos, transformándose de este modo en el primer proyecto comercial de este tipo a nivel mundial.
El entendimiento preliminar estipula que Meitner Energy abonará un canon al Estado en concepto de derecho real de superficie por el uso de los terrenos, mientras que Nucleoeléctrica Argentina conservará la potestad de asumir las tareas de operación y mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado. El cronograma estimado de ejecución de la obra fija un plazo de cinco años, condicionado a la aprobación final del Ministerio de Economía y a la obtención de los permisos de licenciamiento que dicta la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). El anuncio sectorial se concreta en un escenario complejo para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo afectado por más de 60 despidos y denuncias gremiales de vaciamiento tras la desestimación de un proyecto de reactor estatal similar, y luego de la salida de Demian Reidel de la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina tras acusaciones por supuestos gastos indebidos.
