• 3 min de lectura
• 3 min de lectura
El Estado Nacional continúa fortaleciendo el control sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur mediante operativos coordinados entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.
En este contexto, durante los últimos meses se registraron diversos casos de buques pesqueros extranjeros que ingresaron a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) realizando maniobras compatibles con actividad extractiva.
Uno de los casos más relevantes corresponde al buque BAO FENG, de bandera de Vanuatu, detectado operando dentro de la ZEEA a velocidades inferiores a los 6 nudos, con maniobras de arrastre compatibles con pesca.
A partir de esta evidencia, se instruyó un sumario en ausencia que derivó en una multa superior a los 1.262 millones de pesos, además del cobro de gastos operativos por más de 799 mil pesos.
Según se informó, la embarcación volvió a ser detectada recientemente en infracción, lo que refuerza la problemática de reincidencia de flotas extranjeras en la región.
Durante los operativos también se identificaron otros buques en condiciones similares:
Estos comportamientos son considerados indicios consistentes de actividad pesquera ilegal dentro de la ZEEA.
El esquema de control se encuentra respaldado por la Disposición SSRAyP N° 20/2026, que establece parámetros objetivos para presumir infracciones.
En particular, se considera que un buque extranjero incurre en falta cuando:
Este enfoque permite avanzar en procesos sancionatorios aun sin la intercepción física de las embarcaciones.
La estrategia de control se apoya en sistemas de vigilancia electrónica que permiten el seguimiento continuo de la actividad marítima.
Desde el Estado destacaron que el uso de prueba electrónica de alta precisión permite documentar infracciones, iniciar sumarios y aplicar sanciones económicas, fortaleciendo la capacidad de fiscalización en aguas jurisdiccionales.
La reiteración de estos casos evidencia la presión constante de flotas internacionales sobre los recursos del Atlántico Sur, particularmente en áreas próximas al límite exterior de la ZEEA.
En este escenario, el Gobierno reafirma su política de “tolerancia cero”, orientada a detectar, sancionar y cobrar las infracciones, con el objetivo de proteger los recursos pesqueros y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.
Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: PNA
