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Según publicó Clara Arias en Infobae, el cierre del estrecho de Ormuz ha alterado de forma abrupta el equilibrio del comercio energético global y ha reactivado la preocupación internacional por la vulnerabilidad de los grandes corredores marítimos. Europa, altamente dependiente de esta vía para el suministro de petróleo y gas procedente del Golfo, se encuentra entre las regiones más expuestas a cualquier disrupción prolongada del tráfico.
En las últimas semanas, el paso de buques —que en condiciones normales supera el centenar diario— se desplomó hasta cifras residuales, en algunos momentos limitadas a apenas una decena de embarcaciones autorizadas, en un contexto de militarización, ataques y despliegue de minas navales.
A la práctica paralización del tráfico se suma la pretensión iraní de imponer tarifas al tránsito de buques, una iniciativa que choca con el derecho internacional pero que evidencia hasta qué punto el control físico del paso puede traducirse en capacidad de presión económica. Según diversas informaciones, dichas tarifas podrían alcanzar hasta dos millones de dólares por buque. El resultado inmediato ha sido un encarecimiento del transporte marítimo, el desvío de rutas y la incertidumbre sobre la estabilidad de los flujos energéticos hacia Europa y Asia.
La crisis en Ormuz está revalorizando otras infraestructuras marítimas y, en particular, el Canal de Estambul, el ambicioso proyecto impulsado por Turquía que vuelve a cobrar relevancia en un momento en que la seguridad de las rutas tradicionales se percibe cada vez menos garantizada.
El Canal de Estambul es una vía artificial proyectada en la parte europea de la ciudad, concebida para conectar el mar Negro con el mar de Mármara a lo largo de aproximadamente 45 kilómetros. Su trazado discurriría en paralelo al estrecho del Bósforo, uno de los pasos naturales más transitados del mundo, por el que cruzan cada año decenas de miles de buques, incluidos petroleros y grandes cargueros.
Foto. BBC
El proyecto, promovido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, fue presentado en 2021 como una iniciativa transformadora para la economía turca. Ankara sostiene que el canal permitiría reducir la congestión en el Bósforo, minimizar los riesgos de accidentes en una ciudad densamente poblada y reforzar la seguridad del tráfico marítimo en una de las zonas más sensibles del planeta desde el punto de vista logístico.
Las estimaciones sitúan su costo en torno a los 23.400 millones de euros, de los cuales aproximadamente 14.000 millones corresponderían a la construcción del canal y unos 9.400 millones al desarrollo urbanístico previsto en sus márgenes, que incluye nuevas áreas residenciales, infraestructuras de transporte y zonas logísticas.
El elemento diferencial del Canal de Estambul no reside únicamente en su función logística, sino en su naturaleza jurídica. El Bósforo está sujeto a la Convención de Montreux de 1936, que establece la libre navegación para buques civiles e impide a Ankara imponer peajes más allá de ciertos costos asociados a servicios.
Al tratarse de una infraestructura artificial, Turquía podría establecer un sistema de tarifas para el tránsito, replicando el modelo de grandes arterias comerciales como el Canal de Suez o el Canal de Panamá, ambos convertidos en fuentes clave de ingresos para Egipto y Panamá, respectivamente.
Aunque el Canal de Estambul no constituye una alternativa geográfica al paso por Ormuz —imprescindible para la salida de hidrocarburos del Golfo Pérsico—, la inestabilidad en uno de los principales nodos críticos del comercio energético mundial está impulsando una reconsideración global sobre cómo se gestionan las rutas marítimas y qué margen tienen los Estados para ejercer control sobre ellas.
Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Clara Arias - Infobae
