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El Gobierno de China expresó su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló el contrato que habilitaba a Panama Ports Company, filial del grupo CK Hutchison, a operar dos terminales portuarias en los accesos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá, y advirtió sobre posibles consecuencias políticas y económicas si la decisión se mantiene.
La reacción fue comunicada por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, que cuestionó públicamente la resolución judicial y señaló que China defenderá los intereses de sus empresas en el exterior. El fallo judicial, emitido la semana pasada, dejó sin efecto un contrato vigente desde la década de 1990, al considerar que presentaba objeciones de carácter constitucional y de interés público.
La decisión judicial fue interpretada por analistas internacionales como un hecho de impacto en el marco de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por la influencia sobre infraestructura crítica y rutas comerciales estratégicas, entre ellas el Canal de Panamá.
La anulación del contrato también podría afectar la operación de venta anunciada por CK Hutchison, que contempla la transferencia de 43 puertos en 23 países, incluidos los dos ubicados en el Canal de Panamá, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC). Dicha transacción fue valuada en aproximadamente USD 23.000 millones, y su continuidad podría verse condicionada por el nuevo escenario legal.
Desde Beijing, se sostuvo que la medida adoptada por Panamá responde a presiones externas, y se indicó que la persistencia de esta postura podría derivar en costos políticos y económicos para el país centroamericano.
En Estados Unidos, la decisión fue bien recibida por distintos sectores políticos. El presidente Donald Trump reiteró declaraciones en las que plantea la necesidad de que su país recupere influencia sobre el Canal de Panamá, en un contexto de creciente atención sobre la presencia de empresas chinas en infraestructuras estratégicas.
Por su parte, Panama Ports Company señaló que el fallo contradice el marco legal bajo el cual la compañía operó las terminales durante más de tres décadas, y anticipó que analizará los pasos a seguir ante la nueva situación.
Redacción por dataPORTUARIA
