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La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Conatraport) negó las acusaciones realizadas por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que miembros de la agrupación habrían agredido a funcionarios del ministerio al momento de intentar entregar la documentación para la solicitud de 80 pensiones de gracia. Además, sindicalistas anunciaron que ingresarán un requerimiento en Contraloría para aclarar los hechos.
Por medio de un comunicado, la Conatraport se refirió a la carta firmada por Pavez, donde se expone la situación anteriormente señalada, al respecto, la confederación indicó que "se formulan afirmaciones que consideramos falsas, injuriosas y gravemente lesivas para la honra de nuestra organización y de sus dirigentes".
"En dicho documento se pretende justificar la negativa de la Subsecretaría del Interior a recibir las postulaciones correspondientes a nuestros sindicatos representados en el Acuerdo de Pensiones de Gracia 2023-2026 de la entonces Unión Portuaria, acuerdo del cual dos de nuestros actuales Coordinadores Nacionales fueron garantes y firmantes", se indicó en la misiva.
Respecto a las supuestas agresiones recibidas por funcionarios del ministerio del Interior, Conatraport aseguró que "esa afirmación es completamente falsa. Nuestro ingreso fue autorizado por el personal de guardia encargado del acceso al edificio, hecho que puede ser acreditado, por lo demás, al personal se le informó que de no poder recibir nuestras carpetas de postulación sólo nos timbrara el documento de presentación como rechazado, asunto que no fue necesario al aceptar recibirnos las postulaciones. Asimismo, se afirma que nuestro actuar habría amedrentado al personal de la repartición, situación que tampoco corresponde a la realidad".
"Resulta especialmente grave que una autoridad de la República atribuya a nuestra organización conductas ilegales sin sustento alguno. Tales imputaciones afectan directamente nuestra honra institucional, la de nuestros dirigentes y también la de quienes participaron legítimamente en dicha gestión", se añadió en la circular.
Además, en el comunicado se remarcó que "más preocupante aún es que la misma carta señale textualmente que "el Gobierno, en forma clara y respetuosa, comunica que, en el contexto del Acuerdo de Pensiones vigente con dirigentes portuarios, la recepción no es posible", sin expresar fundamento jurídico alguno que respalde esa decisión".
En relación a las medidas que serán tomadas por la gremial, se adelantó que "hemos decidido iniciar las acciones legales que correspondan para resguardar nuestra honra y la de quienes fueron injustamente involucrados en estos hechos. Asimismo, presentaremos los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que investigue y determine la veracidad de las imputaciones efectuadas por el Subsecretario del Interior".
Finalmente, se agregó que "igualmente, solicitaremos la instrucción de un sumario administrativo destinado a esclarecer cómo un documento de carácter interno terminó siendo remitido a otra organización y posteriormente difundido públicamente, sin que nuestra Confederación hubiera sido previamente notificada, ni existiera una solicitud formulada mediante los procedimientos establecidos por la Ley de Transparencia", concluyó el comunicado.
