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Gastón Saavedra Chandía es senador de la República de Chile por la circunscripción 10, Región del Bio Bio.
Hay principios que sostienen a una nación mucho antes que las leyes, los presupuestos o los gobiernos. Uno de ellos es la confianza, la certeza de que cuando el Estado adquiere un compromiso, ese compromiso será honrado, que la palabra empeñada por la República no cambia con el resultado de una elección ni con el color político de una nueva administración.
Ese principio es el que hoy se encuentra en riesgo. Entre 2023 y 2026, el Estado de Chile asumió un acuerdo con los trabajadores portuarios para regular el acceso a las pensiones de gracia destinadas a quienes, tras décadas de una labor físicamente exigente, ya no pueden continuar desempeñándose en los puertos. Ese acuerdo no fue una concesión improvisada, fue el resultado del diálogo, del reconocimiento mutuo y de la convicción de que los conflictos sociales se resuelven conversando y cumpliendo la palabra.
Hoy, sin embargo, el Gobierno ha decidido modificar unilateralmente los criterios de acceso comprometidos. Más allá de las razones administrativas que puedan invocarse, el efecto es evidente: miles de trabajadores sienten que el Estado ha cambiado las reglas después de haber comprometido su palabra.
Eso trae un problema institucional, porque la fortaleza de una democracia no se mide solamente por su capacidad de dictar nuevas normas. También se mide por su disposición a respetar los compromisos previamente adquiridos. Un Estado confiable es aquel cuya palabra trasciende a los gobiernos. Esa continuidad institucional es la base sobre la cual ciudadanos, trabajadores, inversionistas y organizaciones sociales construyen relaciones de largo plazo.
La preocupación aumenta cuando esta decisión amenaza con desencadenar una paralización portuaria. Los puertos son la puerta de entrada y salida de la economía chilena. Por ellos transitan nuestras exportaciones, llegan insumos para la industria, alimentos, medicamentos y bienes esenciales para millones de personas. Un conflicto prolongado -como ya ha sucedido – no solo afectaría a los trabajadores involucrados; comprometería la competitividad del país, tensionaría nuestras cadenas logísticas y proyectaría al mundo la imagen de un Estado incapaz de cumplir los acuerdos que él mismo suscribe.
Ningún país puede aspirar a ser un socio confiable en el comercio internacional si antes no demuestra ser confiable con sus propios ciudadanos.
Resulta indispensable abandonar cualquier mirada ideológica que impida encontrar soluciones. Gobernar exige escuchar, corregir cuando es necesario y comprender que los acuerdos no pertenecen a un sector político; pertenecen al Estado y el Estado somos todos.
Los trabajadores portuarios no están pidiendo un privilegio. Están solicitando que se respete un compromiso previamente asumido por la República.
Chile necesita creer en el valor de la palabra pública, necesita gobiernos capaces de entender que la continuidad del Estado es una virtud democrática y no una carga heredada. Cada administración tiene el legítimo derecho de impulsar su propio programa, pero ninguna tiene el derecho de debilitar la confianza que sostiene nuestra convivencia institucional.
Todavía existe espacio para el diálogo, existe espacio para rectificar y evitar un conflicto que perjudicaría a los trabajadores, a la economía nacional y al prestigio internacional de Chile. Ese camino solo será posible si el Gobierno comprende una verdad sencilla y profunda: la autoridad no se fortalece cuando impone su voluntad, sino cuando honra la palabra del Estado, porque los gobiernos pasan, la República permanece y la confianza en sus instituciones depende, precisamente, de que esa diferencia nunca se olvide.
