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Chile suele definirse por la longitud de su territorio, pero pocas veces dimensionamos lo que eso significa para quienes viven en las zonas más australes del país.
En cientos de localidades el desarrollo depende de una barcaza, un ferry o un transbordador y para miles de familias estas naves no son sólo un medio de transporte, sino que el puente hacia la salud, la educación, el abastecimiento, el trabajo y las oportunidades.
Sin embargo, aún operan embarcaciones de segunda mano, construidas hace décadas en el extranjero y con tecnologías cada vez más obsoletas, lo cual incrementa los costos de operación y mantención, eleva el riesgo de fallas técnicas y afecta la continuidad del servicio. Además, muchas no fueron diseñadas para las condiciones geográficas y climáticas de las rutas donde hoy operan, lo que limita su eficiencia.
Con más de 6.400 kilómetros de costa continental y territorios con fiordos, canales, lagos y archipiélagos, la infraestructura marítima debe entenderse como un activo estratégico para la cohesión territorial.
Los proyectos que hoy se están impulsando en distintas regiones del país son una muestra concreta de esta visión. La reparación y modernización del ferry Andalué, que conecta Niebla y Corral en la Región de Los Ríos; o la construcción de una nueva barcaza que unirá Futrono e Isla Huapi, en el Lago Ranco.
Se suman los trabajos de carena y mantención de la barcaza Padre Antonio Ronchi, que une Puerto Yungay y Río Bravo en Aysén, y la futura Lucinda I que marcará un nuevo capítulo para Villa O'Higgins, son iniciativas que reflejan una realidad muchas veces invisibilizada: detrás de cada embarcación existe una comunidad completa que necesita de su operación.
En este contexto, la construcción naval nacional adquiere un rol clave. Chile posee capacidades técnicas, ingeniería especializada y una industria con décadas de experiencia desarrollando soluciones adaptadas a las particulares condiciones geográficas y climáticas del país.
Apostar por el diseño, construcción y modernización de naves en astilleros nacionales no solo fortalece la autonomía tecnológica, sino que también impulsa el empleo calificado, el desarrollo regional y la transferencia de conocimiento.
El desafío no se limita a renovar embarcaciones que han cumplido exitosamente su ciclo operativo. También requiere incorporar innovación, eficiencia energética y tecnologías que permitan construir naves cada vez más sostenibles, preparadas para enfrentar las exigencias del cambio climático y responder a una demanda creciente por servicios seguros y continuos.
Cada ferry, barcaza o transbordador que conecta comunidades aisladas contribuye a disminuir brechas de desarrollo, fortalece las economías locales y garantiza igualdad de oportunidades para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos.
Construir estas soluciones significa, en definitiva, construir país. En Chile, donde el mar, los lagos y los canales forman parte de nuestra identidad geográfica, conectar territorios es también unir personas, equidad social y futuro.
