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¿Cómo pueden los puertos ser más competitivos sin resignar seguridad ni cumplimiento normativo? En esta entrevista en PR PORTS, Nashielly Escobedo Directora General de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales de México, analiza los desafíos que enfrenta la gestión aduanera en un contexto de transformación logística, y explica por qué la gestión inteligente de riesgos, la cooperación entre el sector público y privado y la tecnología serán claves para el comercio exterior de la próxima década.
La forma en que se desempeña la gestión aduanera en los puertos constituye un factor decisivo para la competitividad. En este entorno convergen múltiples actores cuya actividad incide directamente en la eficiencia de la cadena de suministro, desde el arribo de la carga hasta su salida, ya sea en importación o exportación. El resultado de las acciones de cada uno determina que la mercancía pueda retirarse en el tiempo previsto, sin costos adicionales y bajo escenarios predecibles. Sin embargo, basta con que alguno de estos actores se desvíe de su función, en mayor o menor medida, para alterar el desempeño operativo del puerto, desarticulando la cadena de valor y quebrantando la eficiencia pretendida.
Los sujetos que participan en la gestión aduanera incluyen a agentes aduanales, importadores, exportadores, agentes de carga, empresas de transporte marítimo, terminales y operadores portuarios, transportistas y operadores logísticos, además de las autoridades aduaneras y regulatorias responsables de permitir el ingreso o salida de mercancías. Por ello, se requiere una gestión coordinada y efectiva entre el sector privado y el sector público, sustentada en un canal de comunicación permanente que privilegie la transparencia, el respeto al estado de derecho, la seguridad jurídica y la facilitación de procesos aduaneros. Este enfoque resulta especialmente relevante para importadores y exportadores que operan de manera regular en los puertos y mantienen un alto nivel de cumplimiento en sus obligaciones.
No obstante, la gestión aduanera no depende únicamente de la actuación de los sujetos involucrados. Existen otros elementos que deben evaluarse para garantizar un desempeño óptimo: la capacidad y modernización de la infraestructura portuaria, la conectividad intermodal, la profesionalización y suficiencia de los recursos humanos, así como la disponibilidad de herramientas tecnológicas avanzadas. Todos estos factores son determinantes para que la comunidad portuaria pueda responder con eficacia y oportunidad.
Si una comunidad portuaria no define estándares de eficiencia o, aun definidos, no adopta medidas coordinadas para alcanzarlos, difícilmente logrará consolidar su competitividad. El resultado será un entorno caracterizado por procesos aduaneros lentos, falta de transparencia, infraestructura rebasada, costos logísticos elevados y cargas administrativas y fiscales excesivas, condiciones que limitan el desarrollo y la confiabilidad del puerto en el comercio internacional.
En realidad, estos tres conceptos, facilitación comercial, seguridad y cumplimiento regulatorio, no son incompatibles siempre que exista una gestión de riesgos adecuada. El desafío consiste en equilibrarlos de manera que la facilitación no se vea entorpecida, la seguridad no se comprometa y el cumplimiento normativo se mantenga sólido.
En el contexto actual, contamos con herramientas tecnológicas avanzadas como inteligencia artificial, big data y data mining, que permiten detectar patrones de riesgo y focalizar controles inteligentes, evitando frenar el flujo legítimo de mercancías. Bajo esta lógica, resulta evidente que las aduanas y autoridades portuarias no pueden operar sin una política robusta de gestión de riesgos, tal como lo recomienda la Organización Mundial de Aduanas.
Una política moderna en esta materia debe impulsar esquemas innovadores que reduzcan la estadía de la carga en los puertos, redefinan los procesos de despacho aduanero y privilegien a los usuarios confiables. Asimismo, debe disminuir la manipulación innecesaria de mercancías mediante el uso de controles tecnológicos avanzados, garantizando al mismo tiempo su movilidad segura y eficiente.
La relación entre las autoridades aduaneras y los operadores de comercio exterior debe fundamentarse en la confianza institucional y en un ejercicio sistemático de due diligence. Este principio exige replantear el marco sancionatorio vigente, superando esquemas rígidos de carácter binario para dar paso a disposiciones jurídicas inspiradas en la proporcionalidad y la razonabilidad.
Un modelo sancionador que considere la conducta del infractor en su contexto permitiría distinguir entre errores formales y conductas dolosas, reduciendo así la carga de procedimientos administrativos que encarecen la operación, saturan la infraestructura portuaria y desvían recursos humanos y materiales de la aduana.
La adopción de este enfoque no solo optimizaría la eficiencia institucional, sino que también fortalecería la legitimidad del sistema de control, al concentrar los esfuerzos en medidas de fiscalización efectivas y en la protección de los intereses públicos, en lugar de desgastarse en trámites que poco contribuyen a la seguridad o a la facilitación del comercio.
Una de las principales áreas de oportunidad en el ámbito aduanero es la profesionalización de la autoridad mediante la creación de un servicio de carrera especializado. Este modelo permitiría consolidar la especialización técnica, el ejercicio de funciones bajo principios de ética y legalidad, así como una gestión responsable de los recursos institucionales.
Igualmente, resulta indispensable fomentar el desarrollo de un capital práctico que complemente la norma escrita. La experiencia cotidiana aporta sensibilidad, criterio y juicio situacional, elementos que enriquecen la toma de decisiones al considerar el contexto particular de cada caso y distinguir entre conductas dolosas y actuaciones de buena fe.
También resulta relevante mantener una comunicación constante y estructurada entre el sector público y el sector privado, tanto para el desarrollo del marco normativo como para el diseño de estrategias de gestión orientadas a prevenir y mitigar conductas irregulares que comprometen la seguridad jurídica y la facilitación del comercio internacional.
Finalmente, impulsar proyectos de largo plazo que aseguren continuidad más allá de los cambios de administración, orientados al fortalecimiento de la infraestructura portuaria y a la modernización tecnológica de sus sistemas de gestión. Dichos proyectos deben contemplar la capacidad de respuesta frente al incremento del intercambio comercial y, al mismo tiempo, incorporar criterios de sustentabilidad que garanticen un desarrollo equilibrado y sostenible en el tiempo.
Definitivamente hay varias decisiones estratégicas asociadas a infraestructura, movilidad, etc, pero desde mi perspectiva y experiencia profesional, ante los desafíos diarios en los puertos mexicanos, me parece que estaría basada en la implementación de un modelo de gestión de riesgos inteligente, basado en analítica avanzada y cooperación internacional, que permita facilitar el comercio para operadores confiables, concentrando controles en operaciones de alto riesgo, y promoviendo el cumplimiento.
