La Justicia ordenó a 12 pesqueras españolas suspender operaciones en Malvinas

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó el 6 de noviembre de 2026 que doce empresas y grupos pesqueros españoles se abstengan de realizar operaciones sin autorización argentina en aguas de Malvinas, según informó César Augusto Lerena, presidente de la Fundación Agustina Lerena, en un artículo publicado en Pal’Sur. De acuerdo con esa publicación, la cautelar alcanza a siete estructuras empresariales hispano-isleñas.

La decisión corresponde al expediente FCR 16446/2026, iniciado por la fundación para reclamar la recomposición ambiental y la reparación de presuntos daños derivados de la actividad pesquera. La medida tiene carácter provisional y no determina responsabilidades definitivas.

Según explicó Lerena, la restricción comprende capturas, procesamiento a bordo, transbordos y descargas, así como nuevas mareas, temporadas e incorporación de embarcaciones. Incluye operaciones realizadas directamente por las sociedades demandadas o mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.

El alcance territorial informado comprende el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva argentina, incluidas las aguas correspondientes a Malvinas. La abstención deberá mantenerse hasta que las empresas obtengan autorización argentina o el tribunal disponga lo contrario, indicó el presidente de la fundación.

Las empresas alcanzadas deberán presentar declaraciones juradas con documentación respaldatoria dentro de los diez días judiciales posteriores a sus respectivas notificaciones, según la publicación. El requerimiento comprende información sobre buques, licencias, capturas, seguimiento satelital, puertos de descarga, transbordos y destinos comerciales, entre otros antecedentes.

Lerena señaló que la orden exige conservar los registros operativos, técnicos, societarios y comerciales vinculados con las actividades investigadas. Respecto de las compañías nacionales, explicó que el juzgado desestimó por el momento las cautelares solicitadas y requirió información a las autoridades pesqueras; las medidas relativas a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores quedaron diferidas.

La publicación precisó que la ejecución de la cautelar frente a las sociedades extranjeras dependerá de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables. La determinación definitiva de las responsabilidades ambientales y económicas continuará dentro del proceso judicial.