Argentina pide medidas cautelares al TIDM para frenar el petróleo de Sea Lion en Malvinas

La Argentina solicitó formalmente el 13 de octubre medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, en el marco de la disputa con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cercanas a las Islas Malvinas. El pedido se inscribe en un procedimiento arbitral que Buenos Aires había iniciado el 28 de septiembre, tras dar a Londres un plazo de 14 días para detener el proyecto, plazo que venció el 12 de octubre sin respuesta favorable.

Según el escrito de 49 páginas presentado ante el tribunal y firmado por el embajador Mario Oyarzábal, Argentina reclama cuatro medidas: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de Sea Lion, que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de obstaculizar el cumplimiento de obligaciones ambientales argentinas y que no otorgue nuevos permisos que agraven la disputa. El reclamo se funda en el artículo 290.5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que habilita al TIDM a dictar medidas cautelares mientras no esté constituido el tribunal arbitral que tratará el fondo del asunto.

Sea Lion es operado por la israelí Navitas Petroleum, con el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante, bajo licencias otorgadas por el gobierno de las islas. Las fuentes ubican el yacimiento a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas o, según otra referencia, a 107 millas náuticas (198 kilómetros), con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles, de los cuales 500 millones serían recuperables. El desarrollo prevé una inversión de USD 2.200 millones, el inicio de producción hacia 2028 y una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios durante 30 años, con la perforación de la primera fase prevista para comienzos de 2027.

La presentación argentina cita el plan de contingencia por derrames de la petrolera Premier Oil, según el cual existiría un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo hacia aguas argentinas después de 30 días, y hasta 100% de probabilidad en 14 días para un crudo más liviano. El Reino Unido rechazó los planteos: el canciller Ed Miliband calificó de inaceptables los intentos argentinos de presionar a empresas, mientras la subsecretaria Uma Kumaran los describió como una campaña de coerción económica y anunció que Londres activará la legislación de Protección de los Intereses Comerciales para blindar a compañías británicas de medidas extraterritoriales. En paralelo, un juez federal argentino había ordenado un mes antes la suspensión temporal de tareas de perforación y construcción vinculadas a Sea Lion, y la proveedora Halliburton confirmó que dejará de trabajar en el proyecto.

El TIDM confirmó la recepción del pedido y fijó audiencias orales públicas para el 10 y 11 de noviembre en el caso registrado con el número 37. Entre los 21 jueces del tribunal se encuentra la argentina Frida Armas Pfirter, quien asumió como vicepresidenta del organismo el 1 de octubre, mientras que el Reino Unido no cuenta con juez propio, aunque puede designar uno ad hoc. La estrategia argentina se apoya en antecedentes como el caso Ghana-Costa de Marfil de 2015, en el que el tribunal prohibió nuevas perforaciones en una zona disputada, y busca que el TIDM actúe sobre la base de obligaciones ambientales sin pronunciarse sobre la soberanía de las islas.