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Halliburton, empresa estadounidense de servicios petroleros con sede en Houston, ratificó que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes. Así lo informó Infobae el 2 de octubre, con base en información de la agencia Reuters.
Según el medio, la ratificación responde a un requerimiento del gobierno argentino. Las autoridades habían planteado dudas sobre la posible participación de la compañía en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta respecto de las actividades en el territorio en disputa. La filial local de Halliburton ya había comunicado el 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.
Halliburton provee tecnología, equipos y personal especializado para la extracción de petróleo. En septiembre, SLB, antes Schlumberger, y Baker Hughes difundieron comunicados en el mismo sentido. De acuerdo con Infobae, las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.
La Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo. En ellas advirtió que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que, según Infobae, produce más de 600.000 barriles diarios.
A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
El canciller Pablo Quirno presentó además una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum, entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas, por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza a unas 60 personas y empresas de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.
La Argentina también notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con un plazo de 14 días para paralizar las operaciones.
En ese marco, el presidente Javier Milei escribió en X: "Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar".
De no mediar una respuesta, la Argentina avanzará con una demanda ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.
