La Ley 27.640 fue sancionada el 15 de julio de 2021 y publicada en el Boletín Oficial el 4 de agosto de ese año. Estableció un marco regulatorio con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable por única vez durante cinco años.
Entre sus principales características, fijó un corte obligatorio del 5% de biodiésel en el gasoil y del 12% de bioetanol en las naftas. Posteriormente, el biodiésel fue elevado al 7,5% mediante el Decreto 438/2022, porcentaje que continúa vigente.
El nuevo proyecto propone reemplazar ese esquema por un régimen de mayor competencia, con nuevas reglas de comercialización y una ampliación progresiva de los biocombustibles utilizados en el mercado interno.
Estos son los principales cambios:
Aumento de los cortes obligatorios
Uno de los puntos centrales es el incremento de los porcentajes de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. Se propone elevar los cortes obligatorios de biocombustibles: en el caso del biodiésel, pasar del 7,5% actual al 10% en el gasoil, mientras que para el bioetanol plantea incrementar la mezcla del 12% al 15% en las naftas.
Los incrementos se implementarían a los 12 meses de la sanción de la nueva ley. Hasta entonces se mantendrían los porcentajes actuales.En el caso del bioetanol, el texto establece que dentro del nuevo corte del 15% se mantendría una participación del 6% para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz. El 3% restante quedaría abierto a la competencia entre proveedores.
La modificación permitiría incrementar la demanda interna de ambos biocombustibles y generar una mayor utilización de la capacidad productiva instalada.
Mayor competencia y participación privada
Otro cambio importante es la modificación del mecanismo de comercialización. Actualmente, la Secretaría de Energía tiene un papel central en la asignación de los volúmenes de abastecimiento y en la determinación de los precios de los biocombustibles destinados al corte obligatorio.
El nuevo régimen busca reemplazar ese sistema por mecanismos de negociación entre privados y un mercado electrónico de comercialización, con participación de productores y empresas mezcladoras.
La propuesta contempla precios de referencia vinculados con la paridad internacional, contratos de abastecimiento y mecanismos de acceso público y trazabilidad de las operaciones.
Un período de transición para las pymes de biodiésel
La legislación vigente reserva el abastecimiento del corte obligatorio de biodiésel a empresas que no están vinculadas directa o indirectamente con actividades de exportación de biodiésel o de sus principales insumos. El nuevo proyecto plantea una apertura gradual, pero incorpora un esquema transitorio para las empresas no integradas.
Al inicio del nuevo régimen, el 7,5% del corte obligatorio quedaría reservado para las pymes no integradas, mientras que no habría participación del segmento abierto. A partir del primer año, la participación reservada a estas empresas se reduciría al 6,5% y se habilitaría un 3,5% para la competencia. En 2029, los porcentajes pasarían al 5,5% y 4,5%, respectivamente; en 2030, ambos segmentos tendrían una participación del 5%. Finalmente, entre 2031 y 2035, las pymes no integradas conservarán el 3% del mercado, mientras que el 7% restante quedaría abierto a la competencia. Y por último, el esquema establece que, desde 2036, finaliza este período de transición.
Nuevas oportunidades para otros combustibles renovables
La propuesta también amplía el alcance de la regulación al contemplar otras alternativas energéticas, como el biometano y los combustibles sostenibles de aviación (SAF).
Además, incorpora disposiciones para el autoconsumo, la comercialización de mezclas superiores a los cortes obligatorios y el desarrollo de nuevas modalidades de producción y utilización de combustibles renovables.
De esta manera, el proyecto busca que la política de biocombustibles no quede limitada exclusivamente al biodiésel y al bioetanol convencionales, sino que pueda acompañar la incorporación de nuevas tecnologías. En este sentido, contempla la habilitación de vehículos con motores Flex Fuel, capaces de funcionar con distintos porcentajes de bioetanol, tomando como referencia el modelo brasileño.
Además, otorga a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de establecer regímenes propios de fomento para promover mezclas de biocombustibles superiores a los cortes obligatorios nacionales, mediante nuevas bocas de expendio y opciones de abastecimiento para sus respectivos parques automotores. De esta forma, cada jurisdicción podría impulsar una mayor incorporación de combustibles renovables en el transporte, de acuerdo con sus capacidades productivas y objetivos energéticos.
