La ley modifica el artículo 10 de la Ley 1115-T y establece que las administraciones portuarias provinciales podrán operar directamente los puertos o ceder su explotación a privados mediante contratos de concesión de uso, locación, iniciativa privada o esquemas de participación público-privada, siempre a través de licitación pública. Los contratos deberán contemplar plazos compatibles con la amortización racional de las inversiones y garantizar la prestación de los servicios bajo tarifas y precios previamente establecidos.
El despacho unificado surgió de proyectos del oficialismo y la oposición tras una negociación legislativa que incorporó planteos sobre inversión privada, participación público-privada y protección de los trabajadores portuarios. Una cláusula específica establece que los trabajadores dependientes de la Administración Portuaria de Barranqueras conservarán su situación laboral, escalafón y derechos conforme a los convenios colectivos vigentes.



