• 4 min de lectura
• 4 min de lectura
Greenpeace Pacífico Sur, entidad jurídica mediante la cual opera en la región la organización transnacional ambiental, interpuso un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio.
La acción busca revertir la aprobación otorgada el 9 de junio de 2026 por la Comisión de Evaluación (Coeva) de la Región de Valparaíso y exige, en su lugar, el rechazo de la iniciativa impulsada por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA).
Según la organización ecologista, la autoridad ambiental incurrió en un vicio al no considerar ni responder debidamente las observaciones planteadas durante las etapas de Participación Ciudadana (PAC).
Greenpeace sostiene que las respuestas formales brindadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la RCA carecen de sustento técnico. A juicio de la ONG, la autoridad descartó sin rigor suficiente la ocurrencia de impactos severos, permanentes e irreversibles sobre el borde costero y los ecosistemas locales.
Entre las principales falencias denunciadas en el recurso destaca la falta de evaluación sobre cómo las obras afectarán el transporte de sedimentos en las playas ubicadas al norte del puerto, como la Ensenada de Cartagena. El proyecto prevé la construcción de un rompeolas que interceptaría el flujo de arenas provenientes del río Maipo y de la deriva litoral.
La ONG señala que la autoridad descartó un incremento de la erosión en Cartagena bajo la premisa de que esa zona depende de dinámicas locales, pero sin haber realizado un estudio de balance sedimentario ni una delimitación de celdas que pruebe técnicamente dicha independencia.
Un segundo eje crítico del recurso cuestiona la solidez de los análisis sobre el Cañón de San Antonio. Se denuncia que los propios estudios del titular reconocieron haber desactivado la simulación digital dentro de esta fosa submarina por limitaciones del software, lo que impidió evaluar la hidrodinámica de la zona y definir con claridad la tasa de sedimentación esperada.
Con respecto al recurso hídrico, la reclamación cuestiona que la línea de base no refleja adecuadamente la variabilidad estacional ni los impactos de la sequía prolongada. Greenpeace argumenta que los análisis del titular se basaron en estimaciones indirectas y modelos estáticos que no permiten prever el comportamiento mensual de las aguas superficiales y subterráneas.
En cuanto al Humedal Urbano Ojos de Mar, Greenpeace reconoce que el diseño original del puerto se modificó para no rellenar las Lagunas de Llolleo, pero advierte que la autoridad no evaluó la reacción en cadena que provocará la obra.
A juicio de la ONG, se omitió estudiar cómo la barrera del nuevo recinto portuario y el cambio en el borde costero alterarán la entrada y salida de agua salada, lo que podría transformar el equilibrio hídrico y la biodiversidad de las lagunas.
Para Greenpeace, las deficiencias del expediente impiden descartar afectaciones en la sedimentación de las playas, el Cañón de San Antonio, la cuenca hídrica y el Humedal Ojos de Mar. Plantean que el megaproyecto no reúne las condiciones legales para mantener su calificación favorable.
Tras contar con la recomendación favorable del SEA, cabe recordar, la Coeva de la Región de Valparaíso aprobó por unanimidad el proyecto Puerto Exterior de San Antonio, otorgándole su respectiva RCA. Sin embargo, al abrirse la fase de impugnación administrativa ante el Comité de Ministros, la iniciativa enfrenta posturas encontradas.
Así, mientras EPSA busca flexibilizar ciertas exigencias técnicas y operativas, una alianza social y comunitaria exige revertir la aprobación. La contraparte -a través de diversos recursos de apelación- denuncia omisiones en la participación ciudadana, perjuicios a la calidad de vida local y una desestimación de los daños ecológicos en el estuario del río Maipo y el Humedal Ojos de Mar.
