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El sistema portuario de Guatemala completó una nueva etapa en su proceso de modernización con la aprobación de su ley portuaria, ocurrida el 5 de agosto de 2026. Así lo explicó Leonel Molina, titular de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, en una entrevista con Data Portuaria en el marco de su ciclo de entrevistas a referentes del sistema portuario, logístico y de comercio exterior.
Molina describió el proceso como una transformación por etapas. Según explicó, la Comisión Portuaria Nacional funcionaba como una figura administrativa sin un respaldo jurídico sólido, por lo que una primera ley —promulgada en noviembre 2024 otorgó a la autoridad facultades en materia de protección portuaria, formación, estudios, estadísticas, representación del Estado y promoción de la modernización del sistema. Esa norma, señaló, derivó en la responsabilidad técnica de preparar el proyecto de la nueva ley aprobada este año, a la que definió como un cambio central:
“La ley va a ser ese punto de inflexión”, sostuvo.
El entrevistado destacó que el desarrollo del instrumento llevó cerca de seis meses, un plazo que atribuyó a tres factores: el respaldo de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Puertos, la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) y la Asociación Internacional de Puertos (IAPH); el intercambio con autoridades portuarias de países que ya habían atravesado procesos similares —mencionó los modelos de República Dominicana, España, México, Estados Unidos, Chile, Colombia y Argentina—; y la incorporación de los actores públicos y privados a la discusión. Según Molina, ese respaldo técnico facilitó el posterior tratamiento legislativo.
Consultado sobre sus funciones como autoridad designada para la supervisión del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), Molina señaló que la responsabilidad principal es que, a partir del trabajo técnico de la autoridad, el Estado certifica ante la comunidad internacional que una instalación cumple con las medidas de protección. Al describir el alcance de esa certificación frente a la Organización Marítima Internacional (OMI) y las navieras, remarcó:
“Ya no va a ser una autoridad, ya no va a ser una entidad, es el Estado de Guatemala”, afirmó.
Respecto de la crítica frecuente de que el cumplimiento del Código PBIP puede quedar reducido a un ejercicio administrativo, Molina sostuvo que la protección debe entenderse como parte de la modernización portuaria. Planteó que en muchas terminales conviven sistemas operativos avanzados con oficinas de protección que aún trabajan con procesos manuales:
“Podés tener una terminal especializada en contenedores con sistema de citas y autogates, pero vas a la oficina de protección y te dicen: presente su solicitud con una fotografía, lo atendemos de ocho a cuatro y el formulario se llena con tinta azul”, ejemplificó.
Explicó que la autoridad viene emitiendo normativa complementaria, entre ella una guía de uso de tecnologías, con el objetivo de dar previsibilidad a los sujetos regulados y reducir la discrecionalidad en las auditorías.
Sobre la incorporación de tecnología, Molina describió la estrategia en torno al uso de datos y la inteligencia artificial. Señaló que la autoridad promueve que las instalaciones definan primero el uso y el proceso que tendrá cada dispositivo antes de adquirirlo, de modo que la información generada se integre en un sistema y no en equipos aislados:
“Buscamos que los datos provengan de aparatos, pero que los aparatos formen parte de una orquesta, de algo mayor que produzca una música armoniosa y no un desorden de ruidos”, graficó.
En materia de ciberseguridad, Molina reconoció que, como ocurre en muchos países, el tema todavía no está plenamente incorporado a la agenda de proyectos. Indicó que el plan de trabajo del año contempla un diagnóstico, para el cual la autoridad elaboró un cuestionario tomando como referencia guías del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, cuestionarios del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA y material de la Asociación Internacional de Puertos. Precisó que el relevamiento se envió inicialmente a los tres puertos en los que se concentra el trabajo, y que el objetivo es contar con un diagnóstico de brechas que permita orientar proyectos y fuentes de recursos en el futuro.
Molina identificó la gestión del cambio como uno de los principales retos. Sostuvo que el personal de protección debe dejar de considerar que el registro en papel es el método más seguro, y que persiste el temor de que la tecnología reemplace puestos de trabajo:
“El mundo hoy por hoy cambió y tú no vas a ser más eficiente porque tengas más policías o guardias en los puntos de control llenando tabletas o cuadernos, ¿verdad? Eso te debilita. Eso te ralentiza”, planteó.
Según relató, la incorporación de herramientas de analítica de datos para la selección de contenedores requirió acompañamiento de los mandos, y consideró que el desafío es que el personal perciba la tecnología como una ayuda y no como una amenaza a su función.
El entrevistado destacó la coordinación entre organismos como una de las claves del proceso:
“Cuando te das cuenta de que lo que importa es el pabellón nacional, la gente va a decir Argentina o va a decir Guatemala, no entra en el detalle de si fue tal o cual autoridad; es el país el que es visto”, expresó.
Mencionó tres resultados: la implementación de la ventanilla única marítima, administrada por la aduana por su capacidad tecnológica pero bajo la rectoría de la autoridad marítima; la creación de fuerzas de tarea en los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, vinculadas a la Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI) del servicio de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos; y la conformación de un equipo auditor interinstitucional para los temas del Código PBIP.
Molina indicó que este año Guatemala asumió la presidencia del comité técnico consultivo sobre protección y seguridad portuaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA, y que el país recibió un reconocimiento regional en materia de protección y seguridad portuaria:
“Pasamos de ser invisibles a ser visibles, a ser reconocidos”, resumió.
Vinculó ambos hitos con las medidas adoptadas —el equipo auditor, las guías, la coordinación interinstitucional y la legislación específica— y planteó que la presidencia del comité busca compartir esas prácticas con la región.
De cara al congreso portuario que el país albergará del 1 al 4 de diciembre, Molina sostuvo que la aprobación de la ley permitirá presentar ante autoridades, operadores, medios y academia el nuevo modelo de gobernanza portuaria de Guatemala. Señaló que la norma habilita a diversificar los modelos de explotación portuaria y a abrir el sector a la inversión y al desarrollo de nuevas instalaciones, e inscribió esa estrategia en una visión logística integrada que contempla la reactivación vial y ferroviaria para posicionar al país como nodo logístico.
Consultado por su visión a cinco años, Molina proyectó una autoridad portuaria fortalecida y especializada, la ampliación y modernización de los dos puertos públicos, el inicio de proyectos de nuevas instalaciones y el desarrollo del ecosistema logístico vial y ferroviario. Resumió ese horizonte de la siguiente manera:
“Una Guatemala logística, una Guatemala moderna y competitiva”
