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Ante el término del proceso de consulta ciudadana ligado a las modificaciones aprobadas en la nueva Ley de Cabotaje (Ley N.º 21.774), la Liga Marítima de Chile (Ligamar) enfatizó que la apertura del cabotaje debe ir acompañada de un fortalecimiento de la marina mercante nacional y que sus efectos deben ser observados más allá de la sola competencia entre operadores.
De acuerdo a como se aprobaron en su momento las modificaciones al cuerpo normativo, se estableció una mayor participación de naves extranjeras en determinadas operaciones de cabotaje, la incorporación de nuevas excepciones a la reserva de carga y la modificación a las condiciones para la reputación de naves como chilenas.
"Esto ya está establecido en la ley, pero resulta preocupante que en la propuesta de reglamento no se tomen los resguardos que permitan mantener y fortalecer las capacidades marítimas propias que actualmente tenemos como país", señaló el presidente de la Liga Marítima de Chile, Edmundo González Robles.
En lo relativo a la formación de oficiales y tripulantes nacionales, en donde la Ley N° 21.774 señala que será el Estado el que deberá promover y fomentar su formación, "Se hace necesario conocer cómo se implementará ello en el nuevo reglamento, y de qué forma se relacionará con las nuevas condiciones fijadas para naves nuevas que podrán operar bajo las excepciones de cabotaje", indicó González.
"Creemos necesario -prosiguió- que este reglamento incorpore acciones concretas de formación y certificación, de manera que, llegado el momento de incorporar dotaciones nacionales, existan trabajadores chilenos preparados para ocupar esas plazas", complementó.
Con respecto a la "Ruta de Salida, que permitirá a naves extranjeras que ingresen al país realizar transporte entre puertos chilenos durante su salida de Chile, Liga Marítima planteó que no se está abordando una discusión de fondo que es el cómo se medirá cuánto afectará a los operadores nacionales, "sobre todo si las naves extranjeras que aprovecharían este cabotaje, ya tienen sus costos principales cubiertos", precisó la entidad.
"Creemos que se vuelve necesario que la autoridad implemente un sistema de medición periódico que mida los efectos de este nuevo régimen sobre la flota nacional, el empleo marítimo, costos logísticos, participación de naves extranjeras y, evidentemente, conectividad", explicó el presidente de la Liga Marítima de Chile.
Otro de los reparos hallados al reglamento por parte de Ligamar, es aquella parte en que se habla de escasez de oficiales y tripulantes chilenos. Señalan que la autoridad debe establecer criterios objetivos, que sean públicos y verificables, por cuanto, "esa definición -que hoy aparece abordada de forma somera- es determinante de cuán robusta o no se vuelva la Marina Mercante Nacional", remarcó.
A propósito del contexto soberano sur y sur Austral, el presidente de la Liga Marítima de Chile planteó que toda esa zona se ha vuelto estratégicamente importante para el país, por lo que se debe tener una especial consideración con todo lo que ocurra allí.
González planteó que la autoridad debe considerar en la reglamentación una evaluación sobre las consecuencias o efectos que existirá en la región de los Lagos, Aysén, y, especialmente, Magallanes, considerando la conectividad, soberanía marítima, desarrollo portuario y proyección antártica.
"Chile necesita una Marina Mercante propia, aunque mantenerla tenga un costo, porque su valor estratégico para el país es mayor que ese costo. Y si queremos fortalecer a nuestros marinos mediante capacitación, debemos hacerlo bien, definiendo quién capacita, bajo qué estándares, quién fiscaliza y quién se hace responsable. En definitiva, el éxito de la modificación a la Ley y de este reglamento debe traducirse y reflejar un mayor número de naves con bandera nacional y mayor número de marinos chilenos navegando", concluyó Edmundo González.
