A solo tres años de comprarle al Grupo Romero el 50% de la propiedad del activo, el fondo de private equity Global Infrastructure Partners (GIP) buscaría vender su participación en Tramarsa, uno de los principales grupos portuarios del Perú. La búsqueda formal de compradores habría iniciado hace unas semanas.
Nuevos movimientos se cocinan en el accionariado de Tramarsa, dueña de las concesionarias operadoras de los puertos de Matarani y Salaverry. Según pudo conocer en exclusiva SEMANAeconómica, Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de private equity que forma parte de BlackRock, habría puesto en marcha un proceso para vender su participación del 50% en la compañía. Ello apenas tres años y medio después de comprársela al Grupo Romero, que conserva la otra mitad de la propiedad.
La hasta ahora confidencial intención respondería a una venta de oportunidad, pues el fondo habría alcanzado sus objetivos de rentabilidad de manera anticipada. El proceso formal, que se desarrolla bajo estricta reserva, tendría unas semanas en curso y a Santander como el encargado del mandato de venta, de acuerdo con la información recopilada por esta revista.
En marzo de 2023, el Grupo Romero —hasta entonces único propietario de Tramarsa— vendió el 50% de la compañía a GIP, un fondo especializado en infraestructura cuyas empresas registran ingresos anuales combinados superiores a US$80,000 millones. Menos de cuatro años después, el fondo busca desprenderse de su participación; un plazo inusual para cualquier exit de fondos de private equity, que suele situarse a partir del quinto o sexto año de inversión.
Una de las razones por las que un fondo puede adelantar su salida es que la empresa haya tenido un desempeño mejor al previsto. En el caso de Tramarsa, fuentes enteradas de la operación consultadas por esta revista señalan que GIP ya habría cumplido sus objetivos de rentabilidad, lo que explicaría su decisión de desinvertir antes de lo habitual. "Puede ser una 'venta de oportunidad'. Nada te asegura que las cosas sigan así o puedan cambiar. La única rentabilidad asegurada es la que tienes hoy", explica el socio principal del estudio Muñiz, Mauricio Olaya, sobre este tipo de deals.
Las perspectivas del negocio favorecerían en este momento una venta, que según las fuentes consultadas por esta revista podría superar ampliamente los US$500 millones. En noviembre pasado, el gobierno extendió por 30 años la concesión de su subsidiaria Tisur en Matarani, el segundo puerto en volumen de carga del país y la vía de salida más importante para la exportación de minerales peruanos. A ello se suman posibles adquisiciones portuarias en México, Colombia y Chile, así como un escenario político más estable y promercado tras las elecciones presidenciales.
Otro motivo habitual detrás de un exit anticipado son los conflictos societarios, según Guillermo Ferrero, socio experto en M&A y transacciones financieras de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. "Existen casos de fondos que han salido de una empresa con apenas tres años de inversión, debido a desacuerdos entre accionistas sobre cómo financiar el crecimiento del negocio", cuenta Ferrero.
Por ahora, el proceso de venta encargado por GIP atraviesa una etapa preliminar. "Es la etapa en la que los interesados se acercan para solicitar información básica que les permita evaluar si vale la pena contratar consultoras y estudios de abogados para realizar un due diligence", detalla una fuente con conocimiento directo de las negociaciones. Entre esos jugadores que han comenzado a evaluar Tramarsa destacarían fondos de inversión extranjeros con experiencia en el sector portuario. Y ya habría interesados de Singapur, Londres y Estados Unidos.
La posición del Grupo Romero, accionista del 50% restante de Tramarsa, será otro factor clave para el avance del proceso. Si cuenta con un derecho de adquisición preferente sobre la participación de GIP, podría optar por ejercerlo. Aunque aún se desconoce si tiene intención de hacerlo, Ferrero advierte que el inicio de un proceso de venta estructurado suele sugerir cierta renuncia a ese derecho. "Cuando una de las partes no está de acuerdo [con la venta], lo usual es que no se inicie un proceso de venta, porque probablemente termine siendo fallido", explica.
Si bien Tramarsa ha diversificado sus negocios a lo largo de la cadena logística, desde la operación de terminales especializados hasta la prestación de servicios marítimos y portuarios, su principal atractivo para un potencial comprador radica en el control de algunas de las principales concesionarias portuarias del país. De este proviene la mayor parte del ebitda del grupo.
El control de estas concesiones, sin embargo, también podría añadir una arista regulatoria a la eventual venta del 50% de Tramarsa. Los contratos de concesión de Matarani, Salaverry y el terminal de minerales del Callao establecen restricciones para determinados cambios accionarios, como la sustitución de socios estratégicos o la modificación de sus participaciones. "Por contrato, los cambios en el socio estratégico requieren normalmente la autorización del concedente", explica el socio de Infraestructura de Damma Legal, Juan José Cárdenas.
La venta que evalúa GIP supondría un cambio en la propiedad de Tramarsa, pero no necesariamente en el accionariado directo de las concesionarias. Por ello, queda abierta la interpretación sobre si las restricciones contractuales alcanzarían a esta transferencia indirecta. De ser así, la operación podría requerir la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
SEMANAeconómica contactó a Tramarsa, GIP, el Grupo Romero y Santander para la elaboración de este informe. Los tres primeros declinaron hacer comentarios sobre la operación, mientras que Santander no respondió hasta el cierre de esta edición.
