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La flota fresquera llegó al Consejo Federal Pesquero (CFP) con una advertencia de fondo que trasciende el plano económico y pone en jaque la continuidad del modelo productivo que vincula las capturas marítimas con el procesamiento industrial en plantas de tierra. A través de una presentación formal de seis páginas titulada “Emergencia de la pesca fresquera”, cámaras empresarias y armadores expusieron un crítico panorama sectorial y solicitaron que se declare la emergencia de la actividad ante lo que definieron como una situación de "quebranto estructural". De acuerdo con el documento, el sector arrastra más de dos décadas de descapitalización y pérdida de competitividad, un escenario que se agravó por la combinación de una alta presión fiscal, regulaciones obsoletas, decisiones de administración y una escalada sostenida en los costos de operación.
El reclamo principal se enfoca en el desplome de la rentabilidad corporativa dentro de los principales puertos del país, como el de Mar del Plata. Las estadísticas suministradas en el petitorio detallan que un buque fresquero merlucero estándar de 3.000 cajones, que en el año 2018 operaba con márgenes positivos cercanos al 20%, registra actualmente resultados negativos que rondan el 21%. Esta pérdida de rentabilidad llega a rozar el 30% si se incorpora el impacto del aumento del combustible, sumado a los incrementos en los costos laborales, los servicios de descarga y los trámites burocráticos. Los firmantes formularon una autocrítica al reconocer que durante años aceptaron soluciones transitorias de corto plazo, pero enfatizaron que la realidad operativa alcanzó un punto límite que ya no admite respuestas parciales por parte del Estado.
La presentación resalta que la pérdida de competitividad de la flota fresquera de altura y costera repercute de manera directa en el entramado social de las comunidades costeras. El deterioro de los márgenes económicos provocó en el último tiempo el cierre de plantas de fileteado, establecimientos fasoneros y conserveras, reduciendo drásticamente la capacidad de procesamiento local y afectando los puestos de trabajo asociados a la actividad. Los empresarios alertaron sobre una disminución sostenida del valor agregado generado por la pesca argentina y cuestionaron el hecho de que una parte creciente de las tareas de transformación industrial de los recursos nacionales termine realizándose fuera de las fronteras del país.
En esa misma línea, el informe analiza la composición de la flota nacional, señalando que alrededor del 46% de los buques corresponden actualmente al segmento congelador. Al comparar esta participación con los esquemas de otros países, los armadores argumentaron que la Argentina se fue alejando de los modelos que privilegian el empleo en plantas portuarias y el desarrollo de manufacturas con mayor valor en la cadena productiva.
Foto. Canal 12 Web
Por otra parte, los representantes cuestionaron duramente el funcionamiento institucional del CFP, señalando que numerosas decisiones estratégicas llegan al organismo cuando los debates ya se encuentran avanzados. En este sentido, expresaron preocupación ante una eventual cuotificación del langostino, impugnaron los mecanismos utilizados para la aprobación de nuevos permisos de calamar y exigieron mayor transparencia en la renovación de cuotas de merluza común y en la aplicación del artículo 27 de la Ley Federal de Pesca. El sector interpeló directamente al Consejo al recordar que la ley le asigna la responsabilidad de promover el agregado de valor y el empleo, concluyendo de forma tajante que hasta el momento ninguna medida adoptada ha sido "suficiente, eficaz y oportuna".
Para revertir el proceso de deterioro, las cámaras agroindustriales y los armadores elevaron al CFP una propuesta de acción inmediata conformada por los siguientes lineamientos regulatorios:
Incentivos impositivos: Exigieron la eliminación total de los derechos de exportación (retenciones) para los productos del sector y una aceleración en los mecanismos de devolución del IVA.
Costos de insumos y tasas: Reclamaron la implementación de un esquema de gasoil productivo con tratamiento tarifario diferencial y la reducción del Derecho Único de Extracción a los niveles vigentes en 2018.
Modernización y simplificación: Solicitaron la apertura de líneas de financiamiento blandas destinadas a la renovación de la flota y la modernización de las plantas fabriles, junto con la ejecución de una agenda de simplificación regulatoria.
Protección de la cuota fresquera: Demandaron la formalización del archivo definitivo del Proyecto de Optimización Productiva de Merluza en cualquier variante que implique la transferencia o el desplazamiento de cuotas históricas desde los buques fresqueros hacia el segmento de buques congeladores.
Más allá de la urgencia económica, el documento deja planteado un debate estructural para la política pesquera argentina, advirtiendo que las decisiones de las últimas décadas debilitaron la capacidad de capturar valor dentro del territorio nacional, por lo que instaron a abrir una discusión institucional impostergable.
Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Pescare
