La Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca acortó a 90 días el plazo para resolver infracciones comerciales en granos y carnes

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación formalizó, por medio de la Resolución N° 89/2026, un nuevo proceso administrativo destinado al tratamiento de sumarios por infracción vinculados a la actividad de control comercial agropecuario. La medida introduce pasos claros y plazos razonables para cada etapa del proceso, reduciendo drásticamente los tiempos de tramitación de los expedientes con el objetivo de ordenar la gestión interna, garantizar mayor transparencia y asegurar el derecho de defensa de los operadores de granos y carnes.

Si bien la normativa será aplicable de forma estricta a los expedientes iniciados con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, esta iniciativa viene a institucionalizar un proceso de trabajo que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) ya venía aplicando de hecho durante 2025. El cambio fundamental radica en la velocidad de resolución: los expedientes por infracciones, que históricamente demandaban un período de entre 3 y 10 años de tramitación, pasarán a resolverse en un proceso estimado de aproximadamente 90 días.

De acuerdo con los fundamentos del área a cargo de la fiscalización, la falta de criterios técnicos homogéneos y de tiempos definidos en gestiones anteriores generó la acumulación masiva de expedientes de multas iniciados hasta una década atrás. Esta resolución tardía terminaba diluyendo el impacto real de las sanciones en el mercado, teniendo escaso efecto en la promoción de condiciones de competencia leal entre los diferentes actores de las cadenas agroindustriales.

Con esta actualización procedimental, las autoridades buscan que los mecanismos de control recuperen su efectividad operativa mediante tres ejes centrales:

• Previsibilidad y agilidad: Los procedimientos se vuelven consistentes, permitiendo que las penalidades se apliquen en tiempo y forma tras detectarse una inconsistencia.
• Competencia leal: Evita que las sanciones queden frenadas indefinidamente, asegurando que el operador que cumple de manera regular con la normativa pueda desarrollarse con previsibilidad y libertad.
• Efecto ordenador oportuno: Al resolver las anomalías de forma rápida, clara y proporcional, se frena de inmediato la competencia desleal, protegiendo tanto el ecosistema comercial como el derecho de defensa de las empresas.

Desde la Secretaría de Agricultura concluyeron que si una empresa es multada por inconsistencias en su operatoria y la sanción económica o administrativa demora entre 3 y 10 años en hacerse efectiva, se anula el objetivo final de regular el mercado. A partir de esta modernización, las herramientas del Estado recuperan su función principal de contribuir a un mercado agropecuario más ordenado, transparente y con condiciones de competencia efectivas.