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El Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), a través de la Fundación Barbechando por el Comité EPAS Argentina y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) por el Comité EPAS Paraguay, emitió un comunicado conjunto en rechazo a la metodología utilizada por la Comisión Europea en el Borrador de Reglamento delegado que modifica el Reglamento (UE) 2019/807, adoptado en el marco de la Directiva (UE) 2018/2001.
La revisión mantiene la clasificación de la soja bajo el régimen de "alto riesgo" en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), estableciendo una trayectoria de reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados de esta materia prima dentro de los objetivos renovables de la Unión Europea.
Las entidades firmantes advierten que, si bien la trayectoria prevista para la reducción del cómputo es gradual, el efecto económico es inmediato. El mercado europeo de biodiesel se estructura sobre metas obligatorias de incorporación de energías renovables, y cuando un biocombustible deja de ser elegible para el cumplimiento de dichos objetivos, pierde competitividad estructural dentro de ese mercado.
La Unión Europea ha sido históricamente un mercado relevante para el biodiesel producido en Argentina y Paraguay. La imposibilidad de computar estos biocombustibles dentro de los objetivos renovables europeos genera un impacto estructural sobre el complejo sojero regional, altera flujos comerciales consolidados y afecta la previsibilidad necesaria para la planificación productiva e industrial.
El comunicado señala que el cálculo del factor de expansión se construye sobre agregados globales, sin distinguir adecuadamente entre países con crecimiento, estabilidad o reducción de superficie. Este enfoque genera una atribución colectiva del riesgo que no refleja las realidades productivas nacionales.
Las entidades destacan que Argentina y Paraguay presentan trayectorias diferenciadas en materia de expansión agrícola, mejoras de rendimiento, regulación ambiental y ordenamiento territorial, con incrementos significativos en la productividad sin una expansión proporcional de la superficie sembrada. Asimismo, señalan que la metodología no distingue suficientemente entre expansión territorial efectiva y procesos de intensificación productiva, siendo que en ambos países el cultivo de soja se desarrolla mayoritariamente bajo sistemas de siembra directa, con rotaciones y esquemas de doble cultivo.
El comunicado también advierte sobre tensiones dentro del propio marco normativo europeo: mientras el sistema ILUC mantiene como referencia histórica el año 2008, el Reglamento (UE) 2023/1115 establece como fecha de corte el año 2020 para determinar la condición de producto libre de deforestación. Esta divergencia genera escenarios donde un producto puede cumplir plenamente con los requisitos del EUDR y, sin embargo, continuar sujeto a un régimen restrictivo en materia de energías renovables.
Las entidades sostienen que la sostenibilidad ambiental y la transición energética son objetivos compartidos, pero que su implementación debe sustentarse en metodologías transparentes, actualizadas y capaces de reflejar la diversidad de sistemas productivos. En ese marco, reclaman abrir un espacio de diálogo técnico birregional que permita revisar los supuestos metodológicos utilizados, incorporar información nacional actualizada y contemplar desempeños diferenciados.
Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), a través de la Fundación Barbechando
