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Tras el vencimiento del esquema temporario de alícuotas del 10%, el gobierno de Estados Unidos oficializó una nueva serie de aranceles adicionales sobre los bienes importados desde 60 socios comerciales que concentran el 99% de sus compras externas.
Para fundamentar la decisión, la administración estadounidense apeló a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que los países alcanzados han fallado en implementar o hacer cumplir de manera efectiva las normativas contra la comercialización de productos fabricados bajo esquemas de explotación laboral y trabajo forzoso.
Esta nueva disposición surge luego de que un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. dejara sin efecto el formato original de aranceles recíprocos presentado a comienzos de año.
Dentro del nuevo esquema arancelario dispuesto por la Casa Blanca, Argentina quedó encuadrada en el grupo de países a los que se les aplicará una alícuota del 10% adicional, colocándose en un nivel intermedio frente a otros socios comerciales como China, que recibió la cota más alta con un 12,5%.
A pesar de la amplitud de la medida, la normativa estadounidense contempla una serie de exenciones de alto valor estratégico para la balanza comercial de la economía argentina. Entre los productos liberados del arancel adicional se destacan bienes de fuerte peso en los despachos nacionales como la carne y las menudencias bovinas, el petróleo crudo y el carbonato de litio. El blindaje sobre estos sectores amortigua significativamente el impacto macroeconómico global del anuncio.
Sin embargo, el recargo tributario golpeará de manera directa a diversos complejos agroindustriales y economías regionales con alta inserción en el mercado norteamericano. Entre las producciones más perjudicadas por esta tasa del 10% extra se encuentran las exportaciones de vino envasado y miel natural, las cuales deberán absorber un incremento de costos de ingreso para mantener su competitividad comercial en las góndolas estadounidenses.

