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El Senado de la Nación otorgó media sanción al nuevo marco regulatorio de biocombustibles, que reemplaza la Ley 27.640 vigente desde 2021, tras una extensa sesión desarrollada el jueves por la noche, según publicó el sitio Infocampo.
De acuerdo con la Fundación Barbechando, entidad que sigue la actividad parlamentaria vinculada al agro, la votación registró 41 votos afirmativos, 25 negativos y ninguna abstención. El proyecto llegó al recinto con un dictamen de mayoría y otro de minoría, lo que explica la extensión del debate.
Ahora el texto pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá recorrer nuevamente las comisiones antes de llegar al recinto.
El nuevo esquema eleva los cortes obligatorios al año de sancionada la ley. El biodiésel en el gasoil pasa del 7,5% al 10%, y el bioetanol en las naftas del 12% al 15%. Dentro del bioetanol se mantienen un 6% para la caña de azúcar y un 6% para el maíz, mientras el 3% restante queda destinado al libre mercado.
En materia de precios, se reemplaza el esquema actual —en el que la Secretaría de Energía fija por resolución un precio máximo de adquisición— por precios de referencia calculados según la paridad de importación.
El cumplimiento del corte obligatorio se canalizará además a través de un sistema de subastas en un mercado único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente.
El texto incorpora también un sistema de comercialización por regiones, con un 20% diferencial por distancia para compensar los costos de transporte de las plantas más alejadas, y habilita el coprocesamiento: los mezcladores que también sean refinadores podrán incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil, con acceso a la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al CO2 hasta un tope del 5% de la mezcla.
Finalmente, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán crear regímenes propios de fomento para bocas de expendio con cortes superiores, y se autoriza la incorporación de vehículos con motores flex fuel.
El debate más extenso se dio por la interna dentro del biodiésel. Desde el primer régimen aprobado en 2006, las grandes aceiteras integradas —con molienda propia de soja, que producen biodiésel para exportación— nunca pudieron comercializar en el mercado interno. El corte obligatorio solo podían cubrirlo 25 empresas no integradas: 17 plantas pyme regionales y 8 compañías cercanas al puerto de Rosario, radicadas en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.
Esa restricción se elimina, aunque se establece que ninguna empresa podrá superar el 20% del volumen anual comercializado, criterio que también se aplicaría al bioetanol.
Según resumió Barbechando, "la discusión no pasa por el corte —el salto al 10% tiene consenso— sino por el cronograma y los porcentajes: cuánto del corte obligatorio queda reservado a las empresas no integradas y cuánto pasa al segmento de libre negociación, abierto por igual a integradas y no integradas".
El texto fija una transición que reduce gradualmente la porción reservada a las no integradas mientras crece la del mercado abierto. Ese segmento reservado pasa del 7,5% actual al 6,5% en 2028, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% entre 2031 y 2036. En paralelo, la porción de libre competencia sube de 0% a 3,5%, 4,5%, 5% y 6% en los mismos períodos, con el corte total estabilizado en 10%.
Las pymes no integradas rechazaron esa apertura aduciendo problemas de competitividad, lo que llevó a muchos senadores de esas provincias a manifestar su oposición. Del otro lado, las aceiteras reclamaban su cuota de mercado, en un contexto de fuerte caída de las exportaciones de biodiésel.
"De convertirse en ley, será la primera reforma de fondo del marco de los biocombustibles desde 2021. Es un reclamo que el sector viene haciendo hace años: la 27.640 quedó corta frente a la capacidad instalada y hay decisiones de inversión congeladas a la espera de reglas nuevas", señaló Barbechando. Y agregó: "Con cortes más altos, un mercado electrónico y precios de referencia, lo que se defina en Diputados va a marcar en qué condiciones invierte el sector en la próxima década".
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) celebraron la media sanción.
El CAA estimó que la plena implementación de la norma podría movilizar inversiones privadas superiores a los US$ 1.000 millones, destinadas a la ampliación de capacidad instalada, desarrollo tecnológico, infraestructura logística y generación de energías limpias, con impacto en la creación de empleo y un ahorro de divisas por sustitución de importaciones.
Su presidente, Gustavo Idígoras, sostuvo: "Aprobar este marco regulatorio es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles, un precio competitivo para el consumidor, especialmente en beneficio del agro y creación de mayor empleo de calidad". El directivo, que también preside CIARA, agregó que queda en manos de Diputados sancionar definitivamente la ley "para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027".
Por su parte, CIARA señaló que, al fomentar la libre competencia, la nueva ley traerá beneficios para los consumidores y permitirá proyectar futuras inversiones.
