El nuevo proyecto de ley de biocombustibles marca un giro estructural para el entramado agroindustrial y energético argentino. La propuesta busca instalar un régimen de libre competencia, licitaciones transparentes en un Mercado Electrónico Único y un techo de precios fijado por la paridad de importación del combustible fósil. Esta medida no solo rediseña la normativa, sino que impulsará la demanda interna de granos y dinamizará la molienda tanto en el nodo del Gran Rosario como en las regiones maiceras del interior.
La propuesta eleva los cortes obligatorios e introduce mayor flexibilidad. En el caso del biodiésel, la mezcla mínima pasa del 7,5% actual al 10% (B10), con una hoja de ruta orientada a escalar gradualmente al 12,5% y al 15%. Para el bioetanol, se fija un piso del 15% (E15) y se elimina la rigidez del esquema que dividía en partes iguales el aporte entre la caña de azúcar y el maíz.
En el complejo sojero, pasar a un mandato de B10 duplica el volumen de aceite demandado por el mercado doméstico, elevándolo de 900.000 a 1,8 millones de toneladas anuales. Este nivel de corte es solo un mínimo de piso, que podría satisfacerse a partir de menores exportaciones de aceite de soja o inclusive de molienda adicional.
En el caso del maíz y la caña de azúcar, asumiendo provisionalmente la proporción 50/50, la suba a E15 requerirá un consumo interno adicional de 400.000 toneladas de maíz y 3 millones de toneladas de caña. Pero dado que la normativa proyecta ascender a un B15 en biodiésel y autoriza mezclas voluntarias superiores para el transporte pesado y agrícola, estos volúmenes representan un piso mínimo de consumo.
