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El debate sobre la competitividad de la marina mercante y el transporte de cabotaje en la Argentina sumó una postura crítica por parte del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, a través de un artículo de opinión publicado en el diario El Cronista y firmado por su presidente, el Capitán de Ultramar Jorge Tiravassi.
En la publicación, el dirigente advirtió que la propuesta de desregulación del Poder Ejecutivo Nacional para permitir que buques de bandera extranjera operen en el cabotaje marítimo y fluvial representa un riesgo directo para el comercio interior, la soberanía sobre las vías navegables y miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
Tiravassi señaló que los problemas de la marina mercante nacional responden a asimetrías impositivas históricas en comparación con otros países de la región que fomentan su propia flota. Sin embargo, enfatizó que abrir el mercado local de manera unilateral a naciones como Paraguay o Brasil —que no conceden reciprocidad a las embarcaciones de bandera argentina en sus aguas— implica entregar recursos estratégicos sin contraprestación.
Para atender las situaciones puntuales donde la flota nacional resulta insuficiente en ciertos tráficos fluviales, el dirigente destacó el funcionamiento del esquema normativo vigente. Por un lado, de las 162 solicitudes de excepción presentadas en los últimos dos años para operativas sin buques nacionales disponibles, se otorgaron 161, demostrando la flexibilidad del sistema actual. Por otro lado, remarcó la tendencia global en la materia, donde 105 de los 131 países con litoral marítimo restringen su cabotaje nacional a buques de su propia bandera, citando ejemplos como la Ley Jones en los Estados Unidos.
Desde el Centro de Capitanes sostienen que la solución a los costos operativos y la falta de bodegas en rutas específicas requiere generar incentivos para la incorporación de buques y debatir las iniciativas presentadas en el Congreso por distintos bloques políticos. Entre ellas, se destacó una propuesta impulsada por legisladores de la provincia de Corrientes —jurisdicción que concentra a unos 4.000 marineros— como una vía de transición para ganar competitividad sin desarticular la actividad naviera.
