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El Ministerio de Puertos y Aeropuertos (MPor) abre consulta pública de 30 días corridos, a partir de este jueves (24), sobre la propuesta de política de seguros para contratos de concesión y otras modalidades de participación privada en las infraestructuras portuaria, aeroportuaria y fluvial. La iniciativa busca hacer más clara la identificación y distribución de los riesgos de los proyectos desde la fase de planificación, además de aproximar las exigencias de seguros a la capacidad efectivamente disponible en el mercado.
La propuesta prevé que los nuevos Estudios de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental (EVTEA) incluyan un Estudio de Asegurabilidad y Disponibilidad de Seguros. El análisis deberá evaluar, para cada riesgo relevante, la posibilidad de contratación de cobertura, las condiciones ofrecidas por el mercado asegurador y reasegurador y las alternativas para los casos en que el seguro no esté disponible o no sea suficiente.
El ministro de Puertos y Aeropuertos, Tomé Franca, explica que la política parte de la necesidad de preparar la infraestructura para riesgos que pueden afectar la continuidad de los servicios, especialmente ante los impactos de eventos climáticos. "¿Cuál es nuestro objetivo? Identificar, mapear los riesgos de nuestras infraestructuras para poder garantizar que estas infraestructuras sean más resilientes, es decir, que estén preparadas para el futuro. Busca, también, aproximar los contratos de concesión a las realidades que encontramos en cada uno de esos contratos. Preparar estas infraestructuras para los desastres climáticos, los impactos que los cambios climáticos traen a nuestras infraestructuras", afirmó.
Según la propuesta, la evaluación de los riesgos deja de concentrarse solo en la etapa de licitación y pasa a formar parte de la estructuración del proyecto. El estudio deberá considerar aspectos como la probabilidad de ocurrencia de cada evento, sus posibles impactos, la responsabilidad por la gestión, los mecanismos de reducción de riesgo (mitigación) y el tratamiento contractual.
El análisis también deberá consultar formalmente a la Superintendencia de Seguros Privados (Susep) y al mercado asegurador y reasegurador, con manifestaciones de al menos tres corredores o aseguradoras de actuación nacional. A partir de esta información, cada riesgo podrá ser clasificado como asegurable, parcialmente asegurable o no asegurable.
En la práctica, la medida busca evitar que los contratos establezcan exigencias de cobertura incompatibles con la realidad del mercado. La propuesta determina que, antes de la publicación de los pliegos, se realice una consulta al mercado para confirmar la oferta, la capacidad y las condiciones de contratación de las coberturas previstas.
La minuta de la ordenanza prevé que las directrices se apliquen obligatoriamente a los nuevos EVTEA cuyos términos de referencia sean emitidos después de la publicación de la norma. Para estudios en curso y contratos vigentes, se prevén reglas específicas de transición, preservando el equilibrio económico-financiero de los contratos ya establecidos.
La propuesta establece tres categorías principales:
Riesgos ordinarios: considerados previsibles y recurrentes, deben ser tratados principalmente a través de la gestión operativa y, cuando haya cobertura disponible, de pólizas específicas.
Riesgos residuales: corresponden a las porciones que permanecen sin cobertura, por ejemplo, debido a franquicias, sublímite o exclusiones contractuales.
Riesgos extraordinarios: caracterizados por baja frecuencia y elevada severidad y que superen la capacidad comprobada del mercado asegurador y reasegurador.
Para la categoría de riesgos extraordinarios, la propuesta prevé instrumentos alternativos de mitigación. Entre ellos se encuentran mecanismos de compartición con disparadores objetivos, seguro paramétrico, reequilibrio económico-financiero automático y participación estatal complementaria, dentro de los límites previstos en la ley y en el contrato.
La minuta también establece que la indisponibilidad de determinada cobertura deberá ser comprobada por manifestaciones técnicas negativas de al menos tres corredores o aseguradoras. En estos casos, la exigencia de la cobertura podrá ser temporalmente suspendida, con renovación de la verificación en un plazo de hasta 12 meses, sin que esto implique la transferencia automática del riesgo al poder público.
La elaboración de la propuesta es resultado del trabajo del Grupo de Trabajo sobre Seguros, Garantías y Riesgos en Infraestructura de Transporte (GT-SegInfra), creado por el MPor en agosto de este año. El grupo reúne a representantes de las secretarías nacionales de Puertos, Aviación Civil e Hidrovías, de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), de la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq), además de representantes del sector privado y del mercado asegurador.
Creado con un plazo de 100 días para presentar recomendaciones, el GT-SegInfra tuvo como objetivo construir soluciones para ampliar la seguridad jurídica de los proyectos, aproximar las exigencias de seguros a la capacidad del mercado y contribuir a la estructuración de nuevos emprendimientos.
Uno de los casos que ayudan a explicar la necesidad de perfeccionar la gestión de riesgos es el del Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre. Las inundaciones de 2024 dejaron la pista y la terminal sumergidas e interrumpieron las operaciones del aeropuerto durante meses.
Según Tomé Franca, la experiencia mostró la necesidad de reglas más claras para la distribución de los riesgos y para la definición de las coberturas necesarias. "Una directriz de política pública, una política nacional de seguridad para las infraestructuras, garantiza la clara asignación de riesgos para que, en situaciones como esta, el poder público pueda exigir de los contratos de concesión el cumplimiento, la contratación de seguros adecuados y el reparto de riesgos de la forma más eficiente", afirmó el ministro.
La consulta pretende recibir contribuciones de aseguradoras, concesionarias, agentes públicos, inversores, entidades del sector y de la sociedad. Las manifestaciones se utilizarán para perfeccionar la propuesta antes de la publicación definitiva de la política.
Los documentos que integran la consulta, incluyendo la minuta del acto normativo, la Nota Informativa 3/2026/DECON-MPOR/SE-MPOR y el Informe de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) 1/2026/DECON, están disponibles en la plataforma Brasil Participativo y en el sitio web oficial del MPor. Las contribuciones, que deben ser identificadas y fundamentadas, deberán ser enviadas exclusivamente a través del formulario electrónico disponible en la plataforma.
"Lo que queremos, al final, es seguridad para el Estado, pero seguridad también para quien invierte, para que podamos tener reglas claras para la asignación y cobertura de los riesgos. Queremos contratos más resilientes y con mayor seguridad jurídica", concluyó el ministro.
