Gremios navales argentinos se movilizan contra la apertura del cabotaje a buques extranjeros

Las organizaciones sindicales agrupadas en la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F./FESIMAF) declararon el estado de alerta permanente y movilización frente a un proyecto de ley que, según denunciaron en un comunicado del 3 de noviembre de 2026, profundiza la extranjerización del transporte por agua. Los gremios sostuvieron que la iniciativa amenaza el empleo argentino, las empresas nacionales, la industria naval y la soberanía logística del país.

La iniciativa cuestionada es el proyecto S-1844/26, denominado Régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, que ingresó al Senado el 20 de octubre de 2026 y se encuentra bajo análisis de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda. La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata advirtió que, tal como está redactado, permitiría el ingreso de buques extranjeros en admisión temporaria sin pagar derechos de importación ni IVA y sin límite de antigüedad, lo que generaría una ventaja frente a los barcos construidos o importados en el país que sí tributan.

Los gremios remarcaron que no se oponen al progreso, la eficiencia ni la competitividad del sector, pero rechazaron que en nombre de la reducción de costos se busque sustituir la bandera argentina sin corregir las asimetrías económicas, tributarias y operativas que perjudican al transporte nacional. Advirtieron además sobre el riesgo de que el transporte de cargas argentinas quede concentrado en empresas extranjeras, particularmente de bandera paraguaya, y cuestionaron quién garantizaría tarifas competitivas si desaparece la flota nacional.

La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, presidida por Domingo J. Contessi, coincidió en que el proyecto busca un fin loable al intentar reducir el costo del transporte fluvial y marítimo, pero advirtió que lo hace desde una visión incompleta y con serias deficiencias conceptuales que podrían generar competencia desleal y afectar a la construcción naval. La entidad señaló que la iniciativa omite a los astilleros argentinos, no exige que las reparaciones se realicen en el país y no menciona la Ley 27.418 de Promoción de la Industria Naval, aunque valoró positivamente las simplificaciones previstas para el transporte de contenedores y el conocimiento de embarque digital.

Tanto los gremios como la Cámara coincidieron en reclamar al Poder Ejecutivo y al Congreso que cualquier reforma incluya infraestructura portuaria, integración multimodal, equidad tributaria y una política real de promoción de la bandera argentina, con participación de los sectores representativos. La Cámara pidió además abrir una instancia de diálogo con armadores y trabajadores antes de avanzar con la redacción actual del proyecto.