Washington sancionó por primera vez a Irán en 1979 cuando estudiantes revolucionarios tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando como rehenes a diplomáticos. Desde entonces se han impuesto numerosas sanciones adicionales por el apoyo de Irán a grupos que Estados Unidos considera organizaciones terroristas y por el programa nuclear.
Una gran complicación es que el IRGC, la entidad más influyente del país y profundamente entrelazada con su economía, está designada por Washington como organización terrorista.
Las sanciones son administradas por el Tesoro de Estados Unidos, pero como se rigen por diferentes autoridades y a través de diferentes mecanismos, no hay una forma rápida y fácil de desactivarlas todas.
La autoridad para imponer sanciones deriva de dos leyes de la década de 1970 que otorgan a los presidentes poderes de emergencia que deben renovarse cada año, y de leyes de 1996 y 2017 que se dirigen específicamente a Irán y otros países.
Las sanciones impuestas por el presidente a través de órdenes ejecutivas pueden revertirse con un simple trazo de pluma por parte de Trump. Estas incluyen la congelación de miles de millones de dólares en activos iraníes, un embargo de armas, una prohibición de todo comercio o inversión en Irán y de cualquiera que compre el petróleo del país.
Más difíciles de eliminar son las sanciones impuestas por el Congreso, que no incluían exenciones o excepciones basadas en la conducta iraní en torno a las violaciones de los derechos humanos o el apoyo de Teherán a grupos que Washington considera organizaciones terroristas.
Muchas empresas, individuos y organismos gubernamentales están específicamente designados y eliminarlos a todos podría llevar mucho tiempo.