Regulación de calidad como factor de atracción de inversión en infraestructura portuaria

América Latina necesita ampliar significativamente sus inversiones en infraestructura. Puertos, ferrocarriles, carreteras, energía y saneamiento requieren recursos en una escala que difícilmente podrá ser cubierta únicamente por los gobiernos de la región. Según una estimación reciente de l Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe deberán movilizar cerca de USD 1,6 billones entre 2025 y 2030 para atender las necesidades de infraestructura asociadas a los objetivos de desarrollo de la región.

En este contexto, atraer capital privado, incluido el extranjero, no es solo una alternativa de financiamiento, sino una condición importante para acelerar la modernización de la infraestructura y fortalecer la competitividad regional.

El debate sobre cómo lograrlo suele centrarse en concesiones, asociaciones público-privadas, garantías, financiamiento de bancos de desarrollo e incentivos tributarios. Todos estos instrumentos son relevantes. Sin embargo, existe otro factor que debería ocupar un lugar más destacado en esta discusión: la capacidad del Estado para transformar una intención de inversión en un proyecto efectivamente autorizado, contratado y ejecutado. Desde esta perspectiva, la calidad de la regulación también debe entenderse como parte de la política de atracción de inversiones.

Los proyectos de infraestructura involucran activos públicos, contratos de largo plazo, impactos ambientales significativos y, en muchos casos, mercados concentrados. Por ello, la transparencia, la competencia, la supervisión y la seguridad jurídica son indispensables. El problema surge cuando el control y la complejidad pasan a ser tratados como sinónimos y se incorporan nuevas exigencias sin una evaluación clara del riesgo que realmente contribuyen a reducir.

En Brasil, por ejemplo, el informe Foundations for Growth and Competitiveness 2026 de la OCDE señala que el país se encuentra entre las economías con mayores niveles de restrictividad según el indicador Product Market Regulation. Esta dimensión institucional también se refleja en la percepción de los inversionistas. Una encuesta realizada por el BID en asociación con Mercer identificó la incertidumbre regulatoria entre los riesgos más relevantes para las inversiones en infraestructura en los mercados emergentes, incluida América Latina.

En el sector portuario, las diferencias en los plazos ayudan a dimensionar el efecto del diseño regulatorio. En Brasil, según la OCDE, el proceso tradicional de arrendamiento de terminales en puertos públicos tomaba, en promedio, 28 meses. Incluso para los terminales portuarios de uso privado, sujetos a un régimen de autorización más flexible, el procedimiento podía involucrar hasta 18 etapas. En otros mercados, los plazos registrados son significativamente menores. En Colombia, una reforma implementada en 2014 redujo de aproximadamente doce a cinco meses el proceso de concesión portuaria. En Filipinas, el informe registra que una licencia para construir y operar un puerto privado podía otorgarse en un plazo de entre 60 y 85 días.

Evidentemente, no se trata de procesos jurídicamente equivalentes, lo que impide una comparación directa entre los plazos. Aun así, la diferencia en el orden de magnitud muestra cómo el diseño institucional puede influir en el tiempo necesario para transformar una decisión de inversión en un proyecto efectivo.

La propia OCDE concluye que, en el caso de los terminales privados brasileños, el número de entidades involucradas y el tiempo de tramitación reducen los incentivos a la entrada y pueden hacer que las empresas pierdan oportunidades mientras esperan una decisión. En el caso de los arrendamientos en puertos públicos, la organización señala que la centralización de la toma de decisiones y el número de organismos participantes prolongan el proceso, pudiendo mantener terminales ociosos y alejar a potenciales interesados.

Existe, además, un aspecto importante relacionado con el diseño institucional. Ante problemas o fallas, la respuesta del sector público suele consistir en añadir nuevas etapas, requisitos o instancias de aprobación. Cada medida puede tener una justificación razonable cuando se analiza de manera aislada, pero la suma de controles individualmente defendibles puede producir procesos excesivamente complejos.

Por ello, la discusión no debería limitarse a la cantidad de normas existentes, sino al riesgo que cada una de ellas efectivamente reduce. Los requisitos que mitigan riesgos ambientales, amplían la competencia, combaten irregularidades o mejoran la calidad de los proyectos cumplen una función clara. En cambio, los análisis redundantes, las competencias superpuestas y las etapas sin plazos razonablemente definidos pueden agregar tiempo y costos sin generar beneficios proporcionales para el interés público.

Esto no significa defender la desregulación. Una buena regulación también protege al inversionista, al Estado y a la sociedad. La cuestión consiste en construir procesos capaces de combinar control, previsibilidad y capacidad de decisión.

La OCDE, por ejemplo, recomienda reducir el número de organismos involucrados en el proceso de autorización de terminales privados y crear mecanismos que permitan avanzar en el proyecto una vez cumplidas determinadas etapas, sin necesidad de esperar la finalización de todo el procedimiento. Para los puertos públicos, la organización también defiende una mayor autonomía para las autoridades portuarias calificadas en la gestión de los arrendamientos, considerando que la descentralización puede hacer el proceso más rápido y eficiente.

Esta discusión adquiere relevancia porque el capital disponible para infraestructura es disputado por distintos proyectos y países. La demanda, la localización, los costos y la rentabilidad esperada seguirán siendo factores determinantes, pero la capacidad institucional para transformar un proyecto viable en una inversión efectivamente ejecutada también influye en el atractivo de un mercado.

Por lo tanto, mejorar el clima de inversión no depende únicamente de incentivos financieros, garantías o financiamiento público. Requiere también una agenda regulatoria capaz de reducir duplicidades, mejorar la coordinación entre instituciones, aumentar la previsibilidad de los procesos y fortalecer la capacidad de decisión del Estado.

En una región que necesita movilizar volúmenes significativos de capital para superar sus déficits de infraestructura, la calidad regulatoria deja de ser una cuestión meramente administrativa. Se convierte en un factor de competitividad. El capital busca seguridad jurídica, previsibilidad y capacidad de ejecución. Los países capaces de transformar proyectos viables en inversiones efectivamente materializadas tienden a atraer más recursos, acelerar la expansión de su infraestructura y ampliar sus oportunidades de desarrollo. La diferencia, por tanto, no está necesariamente en regular menos, sino en regular mejor.