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El proyecto que fortalece la seguridad portuaria ante acciones promovidas por el crimen organizado, el que cursa primer trámite en el Senado, dio un nuevo paso y será remitido nuevamente a la Comisión de Recursos Hídricos, Pesca y Acuicultura.
El avance se logró luego de que la Sala aprobara por unanimidad la propuesta, iniciada en moción de la senadora Paulina Núñez y los senadores Iván Flores, Carlos Kuschel, Iván Moreira y Cristián Vial.
El texto, que ahora recibirá indicaciones para mejorar su articulado, fortalece la seguridad portuaria, aduanera y logística mediante obligaciones proporcionales de trazabilidad, prevención, coordinación, gestión de riesgos y responsabilidad penal frente al uso de la cadena de comercio exterior por parte del crimen organizado.
El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, senador Carlos Kuschel, informó la propuesta explicando que "la infraestructura portuaria es un área estratégica de la seguridad nacional, pero también es un objetivo para organizaciones criminales, las que contaminan carga y falsifican documentación".
En el debate, intervinieron los senadores Iván Moreira, Iván Flores, Paulina Núñez, Claudia Pascual, Gastón Saavedra, Andrés Longton, Karol Cariola, Renzo Trisotti y Alejandro Kusanovic.
Los legisladores recordaron la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo anunciada esta semana por el presidente de Chile, José Antonio Kast, "la que va en la línea de este proyecto. De hecho, esta moción ha sido priorizada por el Ejecutivo en este contexto".
A su vez, se abordó "la necesidad de modernizar la seguridad portuaria dada la sofisticación de la criminalidad, lo que implica el control de las fronteras, incluidos las marítimas".
En esa línea, los parlamentarios hicieron ver que "los servicios portuarios funcionan de manera autónoma, no coordinada", indicándose que "solo un 3% de los 4 millones de contenedores que llegan a los puertos, son fiscalizados".
En ese marco, se recordó el caso de incautación de droga más grande de la historia, llevado a efecto en junio pasado. En esa ocasión, se detectaron 108 toneladas de cocaína y ketamina, impregnadas en tablones de madera procedente de Bolivia. El trabajo investigativo permitió detectar las sustancias ilícitas en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.
Además, se recordaron otras iniciativas ya aprobadas en esta línea, como el fortalecimiento de la Policía Marítima; y las medidas que buscan centralizar el esfuerzo de diversos organismos como la Armada, la Aduana y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).
A su vez, se planteó que varios de los cambios implican costos, por lo que en el debate en general "debiera considerarse las concesionarias portuarias que deben conocer las nuevas exigencias, ya que estas empresas son las principales llamadas a hacer cambios".
Entre los aspectos que se destacaron del proyecto estuvo el que fortalece la trazabilidad e inteligencia aduanera, reconoce a los puertos como recintos de especial riesgo logístico, establece un mayor reproche penal cuando se usa la infraestructura o credenciales portuarias para fines criminales.
