• 3 min de lectura
• 3 min de lectura
La presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, sostuvo que la sentencia emitida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma que el organismo ejerce competencias expresamente establecidas por ley sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay y lamentó que Cosco Shipping haya anunciado que continuará el proceso ante el Tribunal Constitucional.
"El fallo es correcto porque reconoce al Ositrán una potestad que tiene por ley. La empresa está en su derecho de continuar por la vía constitucional; sin embargo, ello implica seguir generando costos al Estado para discutir obligaciones previstas en el marco normativo vigente incluso antes de que realizaran su inversión de USD 1300 millones", afirmó.
Zambrano rechazó las afirmaciones de la defensa legal de la empresa respecto de un supuesto cambio de reglas. "Las reglas nunca cambiaron. Si hubo una modificación normativa fue para favorecerlos. La Ley N.° 32048 reconoció expresamente la exclusividad para determinados servicios portuarios que ya venían prestando", señaló.
La titular del Ositrán enfatizó que el Puerto de Chancay no es un puerto de uso exclusivo, sino una infraestructura de uso público. "La exclusividad se refiere únicamente a determinados servicios intermedios, como la atención a la nave o el remolque. Pero el puerto está obligado a atender la carga de cualquier usuario. Es precisamente allí donde interviene el Ositrán para garantizar que se respeten los derechos de quienes utilizan la infraestructura", indicó.
Asimismo, recordó que el organismo ya supervisa otros puertos de titularidad privada y uso público, como Logística Peruana del Oriente (LPO), por lo que resulta inexacto sostener que el Ositrán solo supervisa infraestructuras concesionadas.
Precisó que el Ositrán nunca ha pretendido ejercer una supervisión integral sobre el puerto ni fiscalizar niveles de servicio ya que no hay un contrato en los que se hayan marcado. "Lo que siempre hemos sostenido es que supervisamos aquello que la ley nos asigna: tarifas, solución de controversias, aportes por regulación y el cumplimiento de las obligaciones frente a los usuarios", explicó.
Añadió que el organismo regulador continuará supervisando el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio, el régimen tarifario, la atención de eventuales controversias entre usuarios y operador y se propondrá hacer un nuevo análisis para determinar si existe o no un escenario de competencia con el puerto del Callao.
Finalmente, Zambrano informó que el Ositrán seguirá ejerciendo las funciones que le asigna la ley y que, de persistir un incumplimiento de los requerimientos de información formulados al operador portuario, el organismo iniciará los procedimientos sancionadores que correspondan.
