
Senado de Brasil amplía funciones de la Policía Rodoviaria Federal a hidrovías
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El Senado Federal de Brasil aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública, que amplía las atribuciones de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) para que pueda realizar el patrullaje ostensivo de ferrovías e hidrovías federales, además de las rutas que ya controlaba. El texto fue votado el martes 3 de noviembre y ahora sigue el trámite para su promulgación por parte del presidente del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre.
Votación y alcance de la PEC
La PEC 18/2025 recibió 73 votos favorables en primera vuelta y 75 en la segunda, sin votos en contra, superando ampliamente el mínimo de 49 votos requerido para una reforma constitucional. Además de la ampliación de competencias de la PRF, la norma incorpora a la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) y prevé operaciones conjuntas y el intercambio de información entre organismos de la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, junto con medidas más severas contra facciones criminales y milicias.
Impacto en la seguridad del transporte
Para el Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), la posibilidad de que la PRF actúe también en hidrovías y ferrovías amplía el alcance institucional de la seguridad pública sobre los distintos medios de transporte, en un país cuya movilización de mercancías depende de la integración entre rutas, ferrovías y vías navegables. La entidad remarcó que el robo de cargas genera pérdidas financieras, pone en riesgo a los conductores y puede interrumpir el flujo de productos y el abastecimiento.
La mirada de la CNT sobre las hidrovías
La Confederación Nacional del Transporte (CNT), que según Transporte Moderno sigue la tramitación de la PEC desde 2025, señaló que en las hidrovías la seguridad también involucra el combate a la piratería y al robo de combustibles, hechos que afectan las operaciones de transporte y que pueden estar vinculados al financiamiento de otras actividades ilícitas, como la minería ilegal. El director de Relaciones Institucionales de la entidad, Valter Souza, sostuvo que la integración de datos es hoy uno de los grandes desafíos, ya que sin ella resulta más difícil orientar políticas públicas e identificar con precisión las regiones y corredores que requieren mayor atención.
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