Rusia y los países occidentales han descrito las explosiones de septiembre de 2022, que siguieron a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú a principios de ese año, como sabotaje.
Las explosiones dañaron el gasoducto Nord Stream 1, una ruta vital para las exportaciones de gas ruso a Europa, así como la rama Nord Stream 2, que aún no había entrado en servicio.
En el momento del presunto ataque, Moscú había detenido recientemente las entregas de gas a través de Nord Stream 1, culpando a las sanciones occidentales y a problemas técnicos, aunque Europa lo acusó de usar el suministro de energía como arma.
Según la acusación alemana, Serhii K. era un oficial del ejército ucraniano en 2022 y, actuando en nombre de entidades estatales ucranianas, ayudó a desarrollar un plan con otro personal militar para destruir Nord Stream 1 y Nord Stream 2.
El objetivo, dijeron los fiscales, era detener permanentemente las entregas de gas a través de los gasoductos y evitar que Rusia utilizara los ingresos del comercio de gas natural para financiar sus esfuerzos de guerra.
El acusado, liderando un equipo de buzos profesionales, un patrón y un experto en explosivos, entró en Alemania con un pasaporte ucraniano falsificado en septiembre de 2022 y abordó un yate alquilado utilizando documentos de identificación falsificados, dijeron.
Él y sus cómplices transportaron grandes cantidades de explosivos de grado militar a través de aguas internacionales a un lugar cerca de la isla danesa de Bornholm antes de adherirlos a los gasoductos en el lecho del Mar Báltico y establecer temporizadores, según la declaración de los fiscales.
Serhii K. fue arrestado en Italia en agosto y trasladado a Alemania en noviembre. Ha negado su participación en las explosiones.
Su equipo legal alemán no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios el jueves. Sin embargo, su abogado en Italia dijo que acogía con satisfacción la acusación.
"No tememos la acusación, exigimos que se establezcan los hechos, y en público", dijo Nicola Canestrini en un comunicado.
Según la ley alemana, el cargo de dirigir un ataque contra objetos civiles conlleva una pena mínima de prisión de tres años, o un año en casos menos graves.
Los tribunales alemanes han tratado el caso como de jurisdicción alemana porque los gasoductos dañados terminan en Lubmin, en el estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y su pérdida afectó la seguridad energética y la seguridad interna de Alemania.
(Reportaje de Miranda Murray en Berlín, Giulia Segreti en Roma y Dan Flynn en Kiev; Edición de Thomas Seythal y Joe Bavier)