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La lucha contra el crimen organizado exige decisiones firmes, pero firmeza no es sinónimo de superponer instituciones ni de creer que más uniformes en un mismo espacio producirán, por sí solos, mejores resultados.
La propuesta del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de ampliar la presencia y las facultades de Carabineros y la PDI en áreas sometidas a control aduanero abre una discusión necesaria. La pregunta no es si Chile necesita combatir con mayor fuerza el narcotráfico y el crimen transnacional. Eso está fuera de discusión.
La pregunta es otra: ¿por qué ingresar policías a una zona donde ya existe una institución especializada con atribuciones legales y conocimiento técnico para controlar las mercancías que entran y salen del país?
Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿significa esta propuesta que se considera insuficiente a Aduana para cumplir su función?
Antes de cambiar la estructura del control, corresponde explicar qué problema concreto se pretende resolver. La fiscalización aduanera es una labor altamente técnica. No consiste simplemente en abrir contenedores o detener camiones. Requiere información, inteligencia, análisis de datos y gestión de riesgos. Aduana no está diseñada para revisar todo, está diseñada para identificar dónde revisar.
El control moderno depende precisamente de esa capacidad. Pretender fiscalizar indiscriminadamente cada carga significaría detener el comercio, aumentar costos y afectar obligaciones internacionales de facilitación comercial. La eficacia no está en controlar todo, sino en saber qué controlar y por qué.
La paradoja es evidente. Si el diagnóstico es que existen brechas para enfrentar al crimen organizado, entonces corresponde preguntarse cuáles son. ¿Faltan funcionarios? ¿Tecnología? ¿Escáneres? ¿Sistemas de información? ¿Presupuesto? ¿Capacidad de análisis?
Si ese es el problema, la respuesta no puede ser simplemente poner policías al lado del fiscalizador aduanero. Eso no fortalece necesariamente al Estado: puede fragmentarlo.
Carabineros y la PDI cumplen funciones esenciales en la seguridad pública y la persecución criminal. Aduanas, por su parte, tiene una misión específica en el control del ingreso y salida de mercancías y en la detección de ilícitos asociados al comercio internacional.
El desafío no debiera ser que una institución entre a hacer lo que otra ya sabe hacer. Debiera ser que compartan inteligencia, coordinen investigaciones y actúen conjuntamente cuando corresponda, respetando funciones y responsabilidades.
En fiscalización aduanera, los mejores resultados no provienen de revisar todo ni de multiplicar controles sin criterio. Provienen de identificar riesgos, analizar información y dirigir los recursos hacia donde realmente se necesitan.
El actual Gobierno enfrenta un desafío real y creciente. Pero precisamente por la gravedad del problema, las soluciones no pueden reducirse a señales de endurecimiento. El crimen organizado es sofisticado; la respuesta del Estado también debe serlo. Más policías en una zona aduanera puede ser una imagen potente, pero una imagen no reemplaza una estrategia.
En esa línea, resulta relevante que el propio discurso de las autoridades haya ido incorporando con mayor fuerza la necesidad de modernizar y fortalecer las capacidades de Aduana. Ese giro es consistente con la naturaleza del desafío: si se busca mejorar los resultados frente al crimen organizado, el camino no pasa solo por sumar presencia policial, sino también por dotar a la institución especializada de mejores herramientas, tecnología, inteligencia y recursos para ejercer eficazmente su función.
Aduana no es un obstáculo para la seguridad: es parte de la solución. Por eso, junto con cualquier nueva estrategia de seguridad, Chile debe avanzar en una Aduana más moderna, mejor equipada y con mayores capacidades para cumplir eficazmente su misión, porque fortalecer el control aduanero no es solo fortalecer el comercio exterior: es también fortalecer la seguridad del país.
Fuente: Portal Portuario
