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La exigencia de la Autoridad Marítima de incrementar los oficiales de cubierta y máquina a bordo de las naves que operan en el Canal de Chacao reabrió el debate en el sur austral, al contraponer el cumplimiento normativo con la sustentabilidad de los costos operativos de las navieras. El sector prevé un alza que podría traducirse en un reajuste de las tarifas de servicios.
La modificación en el criterio sobre las Dotaciones Mínimas de Seguridad, aplicada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) a través de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas (Dirsomar), mantiene enfrentadas las posturas de la Federación Nacional de Gente de Mar (Fenagemar) y de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral (Armasur).
Al respecto, Fenagemar manifestó su "total y categórico repudio ante el inaceptable anuncio de alza en las tarifas de los pasajes en el Canal Chacao, la cual contempla incrementos de hasta un 13,49%, impulsado por los empresarios navieros que operan en la zona. Rechazamos enérgicamente que las empresas navieras pretendan endosar y pasar el costo de sus operaciones a los usuarios, residentes y pasajeros que dependen diariamente de la conectividad insular".
"Esta alza responde únicamente a la obligación de dar cumplimiento a las Dotaciones Mínimas de Seguridad exigidas e impuestas por la Directemar, un estándar básico que debió garantizarse desde el primer día. Resulta inaceptable que los empresarios se escuden en estos gastos operacionales cuando, durante años, incumplieron sistemáticamente con los estándares óptimos de seguridad, operando de manera precaria con tan solo un oficial de puente y un oficial de máquina por nave, poniendo en grave riesgo la vida de los tripulantes, de los pasajeros y la seguridad de la navegación en un paso tan complejo como el Canal Chacao", agregó.
Por su parte, Armasur aseguró que "las dotaciones de seguridad con que han operado por años los transbordadores de la zona no han sido nunca una decisión de los armadores. Fueron fijadas nave por nave por resolución de la propia Autoridad Marítima, constan en certificados emitidos por ella y se fiscalizan en cada zarpe, pues ninguna nave puede zarpar sin su dotación mínima de seguridad a bordo. Es decir, el incumplimiento sistemático que se denuncia sencillamente no existe, porque no se puede incumplir un estándar cuando se opera exactamente con la dotación que la propia autoridad fijó, certificó como adecuada y segura y fiscalizó durante años".
"Lo que explica los aumentos de dotaciones mínimas es un cambio de criterio de facto sin justificación técnica ni evidencia empírica que lo respalde. Como la evidencia empírica así lo demuestra, la seguridad en los transbordadores no se encuentra comprometida con las dotaciones mínimas con las que estos transbordadores han venido operando por décadas, certificadas y validadas por la propia autoridad marítima como adecuadas a dicha seguridad. El aumento de dotaciones mínimas que se busca imponer no responde a una ley nueva, ni a un reglamento nuevo, ni a estudio alguno de siniestralidad ni a evidencias empíricas que lo sustenten", agregó.
En lo relativo al incremento en costos, Armasur precisó que "el impacto en tarifas y en la eventual racionalización en el servicio son una consecuencia forzosa, no una decisión voluntaria de los operadores. Compartimos la preocupación por los usuarios y residentes que dependen a diario de la conectividad territorial. Nuestros asociados les sirven todos los días del año. Aquí hay una imposición forzosa de mayores costos basada en una decisión administrativa sin justificación legal ni técnica. El emplazamiento, por tanto, debe dirigirse a quien adoptó la decisión que los genera. No a los operadores".
En este sentido, la agrupación de armadores remarcó que "la seguridad no es el problema. En países de geografía comparable a la del sur austral, como Noruega, estos servicios de conectividad de corto alcance se conciben como una extensión de la red vial y sus exigencias se determinan en función del tipo de ruta. Así ocurrió en Chile por décadas, y así lo sigue reconociendo la propia normativa vigente, que la autoridad ha dejado de aplicar con este cambio de criterio sin fundamento legal ni técnico".
"Lo que Armasur pide y espera son decisiones basadas en evidencia empírica y técnicamente justificadas. No que se impongan aumentos de dotaciones mínimas a los transbordadores de conectividad del sur austral en nombre de una seguridad que no está comprometida. La seguridad no es el problema", añadió.
Actualmente, la medida se encuentra judicializada a la espera del fallo de las Cortes de Apelaciones de Puerto Montt y Coyhaique, mientras un grupo de empresas navieras busca revertir lo resuelto por la autoridad ante los tribunales.
