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El abogado de Ositrán, Víctor García Toma, advirtió que la negativa de Cosco Shipping a someterse a la fiscalización estatal pone en riesgo la soberanía nacional. El jurista consideró que, aunque el terminal portuario sea de titularidad privada, los servicios que brinda son de «uso público»; por tanto, eximir a la empresa del control y cobro de tarifas sentaría un peligroso precedente para el país.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) mantiene su postura en su batalla legal para garantizar su facultad de supervisión sobre el megapuerto de Chancay.
Al respecto, Víctor García Toma, abogado de la entidad reguladora y expresidente del Tribunal Constitucional, sustentó los argumentos de la reciente apelación presentada ante el Poder Judicial y cuestionó la actitud de la empresa administradora del terminal.
El nuevo enfoque de la defensa estatal no solo se centra en la normatividad, sino en el mensaje institucional que proyecta la negativa de la corporación asiática a ser supervisada. García Toma aseveró que el verdadero fondo del asunto es el rechazo sistemático a cualquier forma de intromisión o control estatal.
El conflicto central radica en la postura de Cosco Shipping Ports, una corporación privada estructurada con un 60 % de capital estatal chino. La compañía sostiene que, al no operar bajo una figura de concesión y tener titularidad netamente privada, no está en la obligación de someterse a las regulaciones de Ositrán ni de asumir el pago de las tarifas de supervisión.
Frente a ello, García Toma aclaró que el marco legal peruano no exime a la empresa. Según explicó, aunque se respeta y reconoce que la propiedad del puerto es privada, el uso, el destino y las actividades que se desarrollarán en el complejo portuario son de «uso público». Esta característica le otorga competencia directa a Ositrán, respaldada por la Ley 26917, para intervenir y proteger los derechos de los usuarios.
Para evidenciar que la postura de la empresa carece de sustento dentro del país, el abogado mencionó el caso del terminal de Pucallpa. Dicho puerto opera con características idénticas -capital mixto con participación extranjera, titularidad privada y uso público- y, sin embargo, se encuentra sometido a la fiscalización del Estado sin que ello represente una vulneración a la libertad de empresa. Si Cosco Shipping logra su objetivo, el puerto de Chancay sería la única instalación portuaria en el Perú libre de esta supervisión estatal.
La disputa legal se encuentra actualmente en apelación, luego de que el juez Juan Carlos Núñez Matos emitiera una sentencia inicial favorable a Cosco Shipping, argumentando una supuesta violación al derecho a la propiedad y a la libre empresa.
García Toma calificó la resolución de «curiosa» y muy cuestionable, señalando que el magistrado declaró inaplicables actos administrativos de Ositrán que jamás fueron emitidos o ejecutados.
Además, el expresidente del TC reveló que la supuesta «amenaza» denunciada por la corporación asiática para iniciar el proceso de amparo fue únicamente una carta formal enviada por Ositrán, mediante la cual se les invitaba a una «reunión de coordinación» institucional.
El abogado alertó que ceder ante esta demanda de la empresa portuaria significaría retroceder 40 años en la consolidación institucional del país y afectaría uno de los pilares de la economía social de mercado.
Este modelo constitucional, concluyó, defiende la inversión privada y la libre competencia, pero exige irremediablemente la presencia de organismos reguladores para garantizar la soberanía nacional y el bien común en la prestación de servicios públicos.
Fuente: apam_nacionales
