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El marco de inversiones estratégicas para sectores de gran escala consolidó un paso administrativo de relevancia para el sector extractivo en el plano local. Conforme a la información difundida por la cronista Lola Loustalot en un artículo de Infobae, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la admisión del megaempeño minero Vicuña dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida fue dada a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien precisó que el proyecto se encuadra bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
El desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol —localizados en el departamento de Iglesia, provincia de San Juan— prevé un plan plurianual de inversiones que podría ascender hasta los USD 18.000 millones en un plazo de diez años. Los beneficios fiscales y legales contemplados bajo esta figura regulatoria, a la cual la corporación había solicitado adherir formalmente en diciembre de 2025, otorgan a las firmas operadoras una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 25%, la devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la exención progresiva de derechos de exportación y un horizonte de estabilidad fiscal garantizado por un término de 40 años.
La ingeniería del proyecto extractivo se encuentra estructurada de manera secuencial a los fines de escalonar la construcción de la infraestructura pesada de molienda y transporte en la cordillera. De acuerdo con el reporte técnico del medio citado, el cronograma operativo se dividirá bajo los siguientes parámetros de ejecución:
La primera fase operativa demandará un financiamiento de USD 7.100 millones entre los años 2027 y 2030, período en el cual las tareas se concentrarán en la apertura del depósito a cielo abierto Josemaría y el montaje de su correspondiente planta concentradora de mineral. Las etapas subsiguientes prevén la incorporación de los recursos de óxidos de Filo del Sol, la ampliación de la capacidad de procesamiento de sulfuros y la construcción de obras civiles complementarias, entre las que destacan una planta desalinizadora de agua y un sistema logístico de transporte de concentrados.
Una vez alcanzado el régimen pleno de explotación, los directivos proyectan una capacidad de extracción media anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. Este volumen físico permitiría generar exportaciones estimadas en USD 6.000 millones por año. En lo que respecta al mercado de trabajo, la etapa constructiva requerirá la contratación de 12.000 operarios directos, mientras que la fase de explotación regular sostendrá un plantel de 5.000 puestos directos y aproximadamente 19.000 empleos indirectos asociados a la cadena de proveedores de servicios de la región cuyana.
La aplicabilidad del marco normativo del RIGI fue definida por las autoridades corporativas de Vicuña como un factor determinante para la radicación del capital en territorio argentino. En declaraciones reproducidas en la cobertura de Infobae, referentes de la compañía indicaron que la vigencia del régimen impositivo y la previsibilidad jurídica resultaban indispensables para justificar la envergadura del desembolso ante las juntas de accionistas globales, cuya resolución final está prevista para antes del cierre del corriente año. El volumen proyectado busca revertir la actual producción marginal de cobre en el país, apuntando a insertar a la Argentina en el mercado global del metal requerido para los procesos de transición energética y electrificación.
De forma paralela a los avances regulatorios, la gestión de compras de la firma constructora generó discusiones internas dentro de las cámaras metalúrgicas locales debido a la adjudicación del contrato para el armado del campamento habitacional de alta montaña Batidero. La compulsa comercial para el complejo de alojamiento, con capacidad para albergar de 2.500 a 6.000 trabajadores, fue asignada a un consorcio liderado por la corporación de capitales asiáticos PowerChina junto a socios locales por un monto de USD 52 millones. La oferta resultó menor a los USD 70 millones presupuestados por la proveedora nacional Modular Homes, una diferencia que los sectores industriales locales atribuyeron en parte a las ventajas competitivas derivadas de la exención de aranceles de importación para bienes de capital prefabricados que facilita el propio articulado del RIGI.
