La incorporación de biocombustibles al mercado energético argentino comenzó a estructurarse formalmente en 2006, con la sanción de la Ley 26.093, que estableció un régimen de regulación y promoción para la producción y el uso sustentable de estos combustibles.
La normativa constituyó el punto de partida para desarrollar una industria que aprovechara la disponibilidad de materias primas agrícolas nacionales, principalmente soja, maíz y caña de azúcar, y promoviera su transformación en combustibles destinados al transporte.
Uno de los aspectos centrales de la ley fue establecer la obligatoriedad de mezclar biodiésel con gasoil y bioetanol con naftas. Inicialmente, se fijó un porcentaje mínimo del 5% para ambos productos, medido sobre el volumen final del combustible comercializado. La obligación comenzó a regir en 2010, de acuerdo con el plazo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 26.093.


